Las grandes transformaciones históricas siempre son hijas de las grandes crisis históricas. Siempre. El modelo de sociedad europeo, por ejemplo, ese caracterizado por las distintas variantes locales de lo que hemos dado en llamar Estado del Bienestar, no existiría hoy si la propia Europa se hubiera librado en su día de constituir el principal escenario de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Porque el uno es producto directo de la otra. He ahí una de las razones, por cierto, de que en Estados Unidos no se implantara nunca, pero aquí sí. Y ocurre que Europa ha vuelto a constituirse de nuevo, y desde hace apenas un mes, en el escenario preferente de una guerra mundial, esa tercera que ahora mismo enfrenta a la totalidad de la especie humana con un virus genocida. Crisis súbita, la que ha venido a desatar la pandemia, que podría alumbrar, y también de modo súbito, otra de esas grandes transformaciones históricas tan difíciles de llevar a cabo en tiempos normales. Todo, absolutamente todo, ya lo sabemos, depende de cuánto se tarde en dar con una vacuna eficaz. Si ese plazo resultara ser razonablemente corto, pongamos un año o menos, no habrá ninguna mutación significativa en el orden europeo que conocemos.
Pero si ese plazo se demora, y carecemos de certeza alguna que indique que no vaya a ser así, la Unión Europea que sobreviva al previsible cataclismo demográfico tendrá que ser muy distinta a la actual. Lo que Merkel no quiso o no se atrevió a hacer en los instantes agónicos de la Gran Recesión de 2008, cuando el euro estuvo a punto de saltar por los aires, lo tendría que acometer ahora. Y a toda prisa, además. Porque si nadie encuentra esa vacuna en un plazo que comience a alejarse de doce meses, Bruselas acabará disponiendo solo de dos opciones encima de la mesa: o emitir a gran escala títulos de deuda mutualizada por primera vez desde la constitución de la UE o prepararse para que Italia y España (también acaso Francia) salgan del euro a fin de recuperar sus propias divisas nacionales. Y es que no iba a quedar ninguna otra posibilidad viable una vez llegado el peor de los escenarios apocalípticos.
España e Italia, es evidente, no pueden reunir ni de lejos el inmenso volumen de recursos financieros que requieren los planes de choque necesarios frente a la parálisis inminente de sus respectivas economías. Ni de lejos. En el caso español, los 200.000 millones que quisiera movilizar el Gobierno constituyen una suma quimérica. Jamás se podrán juntar sin el auxilio del resto del resto de la Unión. Y otro tanto de lo mismo en el caso italiano. En insoslayable consecuencia, evitar el derrumbe incontrolado de las economías del flanco sur de la Unión exigiría poner en circulación coronabonos contra el coronavirus, títulos europeos de deuda mutualizada en los que Alemania y los Estados del Norte compartiesen el riesgo de la emisión con sus socios del Sur. Esa deuda, ahora avalada no por un Estado en situación crítica sino por el conjunto de la UE, otorgaría garantías ciertas de seguridad a los eventuales compradores y, corolario de lo anterior, podría colocarse a unos tipos mucho más bajos que la soberana de España o Italia. Es la salida lógica. Pero esa misma lógica también exige la unión fiscal. Porque si España no pagase llegado el momento de la amortización su parte de esos bonos, ¿quién lo tendría que hacer por ella? ¿Alemania? ¿Holanda? ¿Portugal? ¿Quién? Si ahora mutualizamos la deuda, algo que no quedará más remedio que hacer, tendremos que aceptar a cambio, nos guste o no, la renuncia a la soberanía fiscal. Una de esas grandes transformaciones que pasan a la Historia.