El miedo a que el cisne negro del coronavirus desencadene una crisis fiscal empieza a materializarse. La grave situación sanitaria que atraviesa España tiene implicaciones directas en materia de gasto, pero las maltrechas finanzas públicas de nuestro país no tienen toda la capacidad deseada para hacer frente a estos compromisos, lo que da como resultado "planes de choque" descafeinados, basados en aplazamientos o en avales, pero no en medidas de apoyo directo, como las que sí vemos en Alemania, Italia o Estados Unidos.
Un buen ejemplo del deterioro fiscal directamente asociado a la emergencia sanitaria lo tenemos en el coste que tendrá para el erario público el aumento del desempleo. No es fácil estimar cuántos trabajadores pueden irse al paro como resultado de esta crisis, pero sí sabemos que los primeros Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, comunicados por algunas de las principales empresas del país en los últimos días, afectan ya a decenas de miles de trabajadores.
Las caras más visibles de estos despidos son las de los trabajadores ocupados por Iberia, Air Europea, Air Nostrum, Ikea, Volkswagen, Tendam (Cortefiel), Seat, Burger King, Zena Alsea (Grupo Vips), Iberostar, Meliá, Ford, Iveco o Renault. En total, más de 100.000 asalariados que, mientras dure esta crisis, se verán abocados al desempleo.
Desde el Ejecutivo han querido tranquilizar a estos trabajadores, advirtiendo que, aunque no hayan completado el periodo mínimo de cotización necesario para acceder al paro, dicha prestación le será extendida a todos, con cargo al erario público. Pero, como es sabido, el déficit de 2019 apenas mostró reducción respecto al de 2018 y se situó entre los más altos de la Unión Europea. Por otro lado, la deuda pública supera el 95% del PIB, 35 puntos más de lo permitido por Bruselas, y ha subido en 28.000 millones durante la Era Sánchez (es decir, desde apenas mediados de 2018). Ante este panorama, la previsión de gasto derivada del aumento de los despidos choca con el limitado margen de maniobra de las Administraciones, dando como resultado el previsible deterioro de la ya de por sí delicada situación de las cuentas públicas.
Más de 5.000 millones
En clave fiscal, ¿cuál será la factura asociada a estos despidos? Desde el Ejecutivo reconocen que el gasto aumentará en más de 5.000 millones de euros, por el compromiso de sufragar la prestación de paro de los afectados por los ERTEs. La factura correrá a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antiguo INEM), de modo que, a priori, debería computar en el déficit.
Pero la Comisión Europea propuso ayer suspender temporalmente la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, abriendo así la puerta a que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto público todo lo que consideren. Lo ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un nuevo vídeo compartido a través de las redes sociales. "Hoy, esto es nuevo y nunca se ha hecho antes, activamos la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", ha expresado. "Significa que los gobiernos nacionales pueden inyectar su economía (el dinero) que necesiten. Estamos relajando las normas presupuestarias para que puedan hacerlo", ha explicado.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es el conjunto de reglas que, por ejemplo, limita los déficit y deuda públicos al 3% y 60% del PIB, respectivamente, y las autoridades comunitarias abren expedientes a las capitales que incumplen estos umbrales. Moncloa ya daba por hecho que, ante las difíciles circunstancias que atraviesan España y Europa, los técnicos de la Comisión Europea se saltarían el Procedimiento de Déficit Excesivo.
Es importante recordar que, si sumamos la deuda oficial a la deuda oculta de las Administraciones Públicas, España no tiene unas obligaciones del 95% del PIB, sino del 145% del PIB. Hay, pues, 600.000 millones de obligaciones financieras que no entran dentro del cómputo oficial, pero que están igualmente asociadas al Tesoro español y a los distintos organismos de nuestras Administraciones.