El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido al gobierno de España que le permita hacer uso del superávit fiscal de la capital para hacer frente a la crisis del coronavirus. En el consistorio de la Villa y Corte, gobernado por PP y Cs con apoyo parlamentario de Vox, ven precisa esta flexibilización de la Regla de Gasto para así poder movilizar un "plan de choque" valorado en 400 millones de euros.
Según ha podido saber Libre Mercado, tanto Almeida como su vicealcaldesa, Begoña Villacís, tienen claro que esos 400 millones deben fluir directamente al bolsillo de los empresarios, autónomos y trabajadores de la capital que se vean afectados por la crisis del COVID-19. De esta forma, Cibeles quiere inyectar recursos directamente en el bolsillo de los contribuyentes y compensar, en la medida de lo posible, el golpe económico derivado de la pandemia.
El plan que está explorando el Ayuntamiento y que será desarrollado en los próximos días podría incluir todo tipo de medidas de apoyo, tales como la bonificación de la cuota de autónomos residentes en la capital a través de ayudas directas, la aprobación de subvenciones nominativas a beneficio de empresas afectadas o el impulso de nuevas rebajas fiscales.
La pasada semana, el consistorio anunció un primer "plan de choque" orientado a beneficiar a las 120.000 empresas de la capital que se dedican al comercio, el ocio y la hostelería. Entre las medidas aprobadas está una bonificación del 25% del IBI en los inmuebles de las sociedades perjudicadas por la pandemia, así como una reducción del 25% en la cuota del IAE que pagan las firmas del ramo.
Además, el Ayuntamiento ha aprobado una moratoria en el pago del Impuesto de Circulación (formalmente conocido como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o IVTM), el vado (oficialmente denominado Tasa por Paso de Vehículos o TPV) y la Tasa de Cajeros Automáticos (cuya eliminación está prevista para esta legislatura). De momento, el Ayuntamiento ha anunciado que el pago de dichos impuestos se retrasará un mes, de junio a julio, aunque ha dejado la puerta a nuevos aplazamientos.
La buena salud fiscal, herencia de Botella
En 2003, Alberto Ruiz-Gallardón llegó a la alcaldía de Madrid. En aquel momento, la deuda municipal era de 1.100 millones de euros. Durante los cinco años siguientes, los pasivos del consistorio aumentaron con fuerza, hasta alcanzar los 6.800 millones en 2008, un aumento de 5.700 millones equivalente a casi 2.000 euros por ciudadano.
Fue precisamente entonces cuando las finanzas públicas del Reino de España empezaron a resentirse por la grave crisis económica que desencadenó la Gran Recesión, pero el consistorio de la Villa y Corte apenas se mostró capaz de atajar la situación. Así, en 2011 veíamos que la deuda del gobierno local apenas había bajado hasta los 6.300 millones y, un año después, estas obligaciones llegaban a los 7.300 millones.
En este contexto se produce el nombramiento de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. Durante el curso 2012, sus primeras cuentas públicas arrojaron un superávit de 879 millones de euros. Desde entonces, el saldo presupuestario de la capital siguió siendo francamente favorable: 966 millones en 2013, 1.294 millones en 2014 y 1.387 millones en 2015.
La llegada al poder de Manuela Carmena hizo que saltaran las alarmas. Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto, aprobadas en 2012 por el gobierno popular de Mariano Rajoy, obligaron a la regidora comunista a mantener un superávit razonablemente elevado. Así, el curso 2016 se cerró con un saldo positivo de 1.022 millones en 2016, mientras que el ejercicio 2017 cerró con un resultado de 1.120 millones en 2017 y el año 2018 concluyó con un excedente de 1.072 millones. La previsión que dejó Carmena para 2019 era de un superávit de 650 millones, a falta de confirmación oficial.
Los malos datos de ejecución presupuestaria de toda la era Carmena contribuyeron a que la caída del déficit fuese algo más moderada, pero en cualquier caso resulta evidente que la disciplina presupuestaria salió tocada, pero no hundida del periodo 2015-2019, puesto que el superávit bajó de 1.387 a 650 millones si comparamos el último año de Botella con el ejercicio de despedida de Carmena. En cualquier caso, como el consistorio ha evitado los números rojos de forma sostenida desde el año 2012, la deuda municipal ha caído de 7.300 a 2.630 millones o, lo que es lo mismo, 840 euros por ciudadano.