"Para el colectivo de autónomos, se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica".
La nota de prensa que Moncloa colgaba este martes en su web con la referencia del Consejo de Ministros del 17 de marzo era bastante escueta, con pocos detalles de las medidas aprobadas, muchas cuestiones en el aire y demasiadas dudas. En el caso de los autónomos, era casi telegráfica. Apenas dos líneas que se pueden resumir en siete palabras: "flexibilizar el acceso al cese de actividad". Eso es todo lo que el Gobierno tiene que ofrecer a los más de tres millones de autónomos españoles en la crisis económica más importante (al menos por su impacto en el corto plazo, hay que esperar que no sea tan profunda como la de 2008) que se recuerda.
El texto del Real Decreto-ley 8/2020, publicado este miércoles en el BOE, lo confirma: "los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad" si están al corriente de pago de sus cuotas a la Seguridad Social". Es decir, nada de aplazamientos generalizados. Sólo aquellos que dejen la actividad se verán beneficiados por las ayudas. Asimismo, "como complemento a la medida anterior", ampliarán la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 millones de euros, "para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las Líneas de ICO de financiación ya existentes".
Bajar la persiana
Ya estaba claro que la crisis del coronavirus golpeará con dureza a empresas y trabajadores españoles. Ahora, los empleados por cuenta propia ya saben que tendrán dos opciones: 1. Mantener el chiringuito abierto, con todos los gastos que eso supone, sin que durante estas semanas haya ningún cambio con respecto a la situación previa; o 2. Bajar la persiana, declarar el cese de la actividad (incluido un ERTE para sus trabajadores en el caso de que los tengan) y, entonces sí, beneficiarse de las medidas aprobadas por el Gobierno.
Los autónomos que opten por esta segunda alternativa tendrán dos beneficios: podrán acceder a la prestación por cese de actividad (que se calculará con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización) y quedarán exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social.
Los que decidan intentar mantener a flote el negocio, en cambio, no recibirán nada a cambio. Ni una moratoria en el pago de la cuota a la Seguridad Social (se especulaba con algún tipo de aplazamiento) ni, aún menos, alguna rebaja en cotizaciones o en algún otro impuesto. Nada de nada. O cierras o pagas lo mismo que en febrero. Fuentes del Gobierno aseguran a Libre Mercado que el Ministerio de Seguridad Social, que comanda Jose Luis Escrivá, está estudiando este tipo de deficiencias en la norma para compensar de alguna forma al autónomo que sufra mermas que estén por debajo ese 75% sin necesidad de llegar al cese de actividad. También, informan de que están perfeccionando los plazos que se tendrán en cuenta para calcular el cómputo de esos ingresos, ya que tener ahora como referencia la facturación del mes anterior -febrero- no daría una imagen real de la verdadera caída de la actividad de los autónomos, que se ha producido principalmente a mediados de marzo.
Así, no es extraño que las asociaciones de trabajadores por cuenta propia hayan puesto el grito en el cielo. Por ejemplo, Lorenzo Amor, presidente de ATA, la principal organización del sector, declaraba poco después de conocerse las medidas que "el Gobierno no ha entendido bien el clamor de los autónomos". En este sentido, Amor recordaba que en realidad lo aprobado hoy no es una novedad: ya estaba previsto en la legislación que, en el caso de que un autónomo tuviera que dejar su actividad por una causa de fuerza mayor, estaría cubierto por la prestación de cese de actividad: "Sólo faltaría que cuando un autónomo va a cobrar su paro por una causa de fuerza mayor como es esta se la negaran".
Lo que ha enfadado a los autónomos es la cuestión de las cuotas. ATA había pedido al Gobierno una suspensión de las cotizaciones "durante dos meses, o más si el estado de alarma se prorroga" y se han encontrado con una negativa rotunda. Ni dos, ni uno. Nada. Así un autónomo que no cumpla los requisitos establecidos por el Gobierno para ese cese de actividad (que su actividad quede suspendida por el Covid-19 o que sufra una merma del 75% en los ingresos respecto a la media del semestre anterior) tendrá que hacer frente a los mismos ingresos y costes que en cualquier otro mes. "¿No defendía tanto el gobierno la cotización por ingresos, equiparar las cotizaciones a los ingresos reales? Pues a ingresos cero, cotizaciones cero. ¿O es que eso era sólo para recaudar?", ha protestado Amor. "El Gobierno debe rectificar. Nos deja en la cuneta y no está haciendo nada por nosotros".
En este punto, hay que recordar que las medidas que suponen un cese de la actividad tienen el problema de que, una vez que la situación vuelve a la normalidad, no son tan fáciles de revertir. Es decir, ¿volverán a darse de alta aquellos autónomos que ahora pidan el cese? ¿Y si la crisis se alarga? Y el resto, ¿cómo manejarán la caída de ingresos si los costes se mantienen fijos?
Y no sólo eso. Ya hay quien se pregunta si la medida, incluso, al final puede suponer un gasto extra para el Gobierno. Es decir, por no asumir el coste de una suspensión de la cotización para todos los autónomos, el Ministerio de Seguridad Social se puede encontrar con un aluvión de bajas que no sólo no pagarán la cuota sino que, además, pedirán la "prestación extraordinaria por cese de actividad". O lo que es lo mismo: no sólo no anima a los autónomos a mantener abierto el negocio, sino que también puede tener un saldo final negativo para las cuentas públicas (porque acabarán pagando más en prestaciones de lo que habrían perdido con una moratoria generalizada).