Con la terrible crisis del año 2007, quedó puesto de manifiesto que el gasto en España se había disparado de manera importante. El Gobierno de la nación, presidido por el presidente Rodríguez Zapatero lo había elevado de manera exponencial y las regiones habían hecho lo mismo, todo ello sobre la base de unos ingresos que crecían de manera acelerada, pero debido a la coyuntura económica. Cuando se produjeron los primeros síntomas de la crisis, el Gobierno central intentó anestesiar la situación con un incremento del gasto terrible -el famoso cheque de los 400 euros, el cheque bebé y los planes E- que sólo condujo a un déficit del 11% en el año 2009.
Las regiones vieron, a su vez, cómo caían sus ingresos de manera brusca, pues son muy sensibles al ciclo económico, como puede ser Transmisiones Patrimoniales o AJD. De hecho, en alguna región en los momentos álgidos del ciclo económico se llegó a recaudar más por Transmisiones y AJD que por IVA. Por eso, cuando se hundieron, las CCAA se quedaron sin cobertura para una gran parte de sus gastos, incurriendo, también, en déficit.
Esa espiral de incremento de gasto era perniciosa, pues crecía sobre la base de unos ingresos que evolucionaban al alza sólo por el ciclo económico, mientras que los gastos eran de carácter estructural. Por eso, al caer los ingresos quedó el gasto y se produjo un nivel de déficit excesivo y de alto crecimiento de la deuda.
Entonces hubo que hacer muchos ajustes, en ocasiones muy duros, pero necesarios. La Comunidad de Madrid, entre junio de 2008 y mayo de 2015 redujo en 3.000 millones el presupuesto, priorizando los servicios y bajando los impuestos, pero se enfrentó a una gran contestación social, que resistió, pero que fue complicada. Sin embargo, eso sirvió para mostrar el camino que debían seguir tanto el Gobierno central como las CCAA: un gasto eficiente y reducido, que pueda ser sostenido con los ingresos estructurales, es decir, con los que proceden del crecimiento potencial de la economía española. De ahí que se diseñase la regla de gasto para ajustarse gasto e ingreso en su parte estructural, para evitar nuevas sorpresas en el futuro.
Sin embargo, en la legislatura siguiente a la mencionada, es decir, a partir de mediados de junio de 2015 y mientras duró (hasta mayo de 2019), la espiral del gasto descontrolado volvió a aparecer en todas las CCAA: el dinero se recaudaba sin problema, debido a la recuperación económica, y muchos políticos aprovecharon para tratar de parecer más amables incrementando un gasto sufragado con esa recaudación coyuntural. Gasto que volvía a ser estructural, reproduciendo el problema que se había solucionado.
De esa forma, podemos observar cómo el gasto no financiero del conjunto de las CCAA creció en la legislatura anterior un 16,93%, es decir, ni más ni menos que 23.562,40 millones de euros.
Ese incremento de gasto estructural comenzó de forma moderada, incrementándose en 2015 sobre 2014 (último año completo de la legislatura austera) en un 1,6%, mientras que en 2019 (último año presupuestado por la administración de la legislatura de expansión del gasto) creció sobre 2018 un 3,4%. Es decir, en el último año de la legislatura expansiva en el gasto, la que reprodujo todos los problemas de gasto, éste crecía un 112,5% más que lo que crecía en el primer año de esa expansión.
¿A qué condujo esto? A que entre 2019 y 2014 las CCAA incrementasen su gasto no financiero un 16,93%. Todas lo incrementaron por encima del 5% y ocho lo hicieron por encima de la media.
Al mirar esos datos, observamos con tristeza cómo todo el esfuerzo de los años previos ha quedado volado por los aires. Especialmente triste es en alguna región, como Baleares o Valencia, donde tantos esfuerzos se hicieron, y que, entre 2015 y 2019, han multiplicado el gasto de manera importantísima.
¿Qué supone esto? Que, de nuevo, tenemos un gasto estructural consolidado, que ha crecido sobre los ingresos coyunturales, pero que ante la situación actual de desaceleración y probable agravamiento del entorno económico irán cayendo mientras el gasto permanece. Eso hará que, nuevamente, haya que volver a realizar ajustes importantes si no quieren incurrir en déficit público excesivo y más endeudamiento. Es una ardua tarea, pero que todas las CCAA tendrán que hacer, y cuanto antes lo hagan, mejor.