En un alarde de voluntarismo definitivamente inverosímil por la quimérica desmesura de las cifras que maneja, el Gobierno de España acaba de anunciar su intención de movilizar un volumen de recursos próximo a los 200.000 millones de euros a fin de combatir los efectos del coronavirus. Para hacerse una idea somera de lo que eso significa, repárese en que la economía española produce anualmente bienes y servicios por un valor neto que ronda el billón de euros. O sea, estaríamos hablando de destinar nada más y nada menos que el 20% del PIB a un programa específico de ayudas públicas. Algo a todas luces imposible desde cualquier punto de vista. Solo a efectos comparativos, téngase en cuenta, por ejemplo, que el célebre rescate financiero solicitado por nuestro país a Bruselas, una línea de crédito que implicó hipotecar de hecho la soberanía económica de España, supuso al final un volumen de dinero inferior a los 45.000 millones de euros; es decir, una cifra cuatro veces y pico menor a la que ahora mismo se está manejando desde la Moncloa.
Por cierto, un crédito, ese, que todavía no hemos terminado de pagar (si todo fuera con normalidad, España devolvería la última cuota del principal más los intereses a mediados del año 2027). Y eso, ya se ha dicho, no era nada al lado de lo que se nos acaba de anunciar. Así las cosas, acaso procedería preguntar algo tan sencillo como de dónde tiene previsto el Gobierno sacar los 200.000 millones. Porque se nos habla, sí, de avales, o sea de compromisos jurídicos que no requieren en primera instancia de una movilización real y efectiva de dinero. Pero cualquiera que aún mantenga frescos los entresijos financieros de la crisis de 2008 recordará que también entonces se recurrió a la fórmula de los avales públicos (Caja Madrid alargó durante un par de años su agonía gracias a ellos). Pero, llegado el momento fatídico de ejecutarlos, el Estado se reconoció incapaz de asumir sus propias promesas y no le quedó más remedio que llamar a la puerta de Europa. ¿Por qué ahora, pregunto, tendría que ser distinto? Por lo demás, un incremento tan extraordinario y súbito del gasto público solo se puede financiar con deuda. Con deuda y únicamente con deuda.
Pues hacerlo subiendo impuestos resultaría tan contraproducente como absurdo. Y la alternativa de reducir el gasto, amén de exigir un lapso temporal largo del que ahora no disponemos, se antoja inviable dados los recortes del pasado inmediato provocados por la otra crisis. Pero resulta que estamos en el peor momento imaginable para emitirla de modo masivo. Es sabido que nuestro endeudamiento público sigue rondando el 100% del PIB, un nivel que volverá a provocar el crecimiento inevitable de la prima de riesgo en cuanto lleguen al mercado las nuevas emisiones de bonos españoles. Y por si ello fuera problema menor, añádase que el resto de nuestros vecinos van a tener que hacer lo mismo, inminente inflación de emisiones que redundará, nadie lo dude, en otra devaluación añadida de nuestros bonos soberanos. El plan de Sánchez es tan bienintencionado como imposible de realizar.