El Gobierno aprobará este martes un real decreto de ley con medidas de respuesta ante desahucios por ejecución hipotecaria, que establecerá una moratoria de cuatro años de duración, tal y como ha anunciado este lunes el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Asimismo, ha anunciado que PSOE y Unidas Podemos han acordado incluir en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya está en marcha, la prohibición de desahucios por impago del alquiler "en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico".
Iglesias ha concretado estas medidas en un texto que ha publicado en las redes sociales, que recoge Europa Press, en el que celebra que son fruto de la "eficiente coordinación" que han tenido, a su juicio, en el Gobierno, y da las gracias en concreto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Estas nuevas medidas en materia de vivienda llegan precisamente tras haberse cerrado la peor semana que ha vivido el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, en términos de tensiones y diferencias internas, desde su conformación hace dos meses.
El caso de los fondos buitre
El vicepresidente segundo y líder de Podemos ha concretado en su texto que han acordado "prohibir desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico".
Iglesias ha informado de que estas medidas llegan además después de que él mismo mantuviera una reunión el pasado 21 de febrero en la sede de la Vicepresidencia con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que los activistas antidesahucios fueron "muy críticos" y "presionaron" para que se pusieran sobre la mesa "compromisos de Gobierno que entendían que no eran sólidos". "Y les agradezco esa crítica y esa presión que ejercieron", añade.
"Cuando uno tiene responsabilidades de Gobierno, lo que vale son los hechos, no las promesas. Hay que seguir trabajando en más medidas, pero estos son unos primeros hechos que van a aliviar la situación de miles de familias que a día de hoy no estaban viendo garantizado su derecho constitucional a la vivienda", defiende Iglesias.
Asimismo, destaca que se trata de "una victoria de los colectivos, como la PAH y el Sindicato de Inquilinos, que han luchado durante todos estos años en defensa de las familias y contra los desahucio". "El hecho de que el Gobierno no sea presionado solo por los poderosos sino también por la sociedad civil organizada es condición de posibilidad para que España avance", concluye.
Además de la reunión con Iglesias, la PAH lanzó a finales de febrero una campaña de presión, culpando al Ejecutivo de coalición de los más de 8.000 desahucios producidos desde su conformación. Entre las demandas inmediatas que la PAH exigía al Ejecutivo figuraba la ampliación de moratoria de lanzamientos hipotecarios a los casos de impago de alquiler.
Hasta la fecha, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se limitaba al compromiso de asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de los inquilinos que no pudiesen pagar la renta por falta de recursos económicos o situaciones de vulnerabilidad.
Podemos y sus socios del grupo confederal no consiguieron incluir en la negociación de diciembre con el PSOE la "prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional" que llevaban en su programa electoral de los comicios del 10 de noviembre, y que siempre ha sido una de sus demandas prioritarias.
De hecho, algunos de los principales dirigentes de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Comú proceden de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau; la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero; o el portavoz de la formación morada y diputado por Madrid, Rafa Mayoral.