La política fiscal de los distintos gobiernos socialistas en España nunca ha acabado bien. González dejó quebrada la Seguridad Social y Aznar tuvo que acudir a un préstamo bancario para poder hacer frente a los compromisos asumidos; Zapatero dejó un agujero del 11% en las finanzas públicas y Rajoy tuvo que llevar a cabo el mayor ajuste presupuestario de nuestra historia económica reciente y uno de los mayores de toda Europa.
Pedro Sánchez no va a ser menos. De hecho, ya ha comenzado con la misma estrategia que sus antecesores: la mentira. Afirmó en la sesión de control del Congreso de los Diputados que la deuda pública española se había reducido en 2019 al mayor ritmo de los últimos años. Una sentencia que se encuentra con los datos del Banco de España, que contabilizó 1,19 billones de euros de deuda pública en diciembre de 2019, frente a los 1,17 billones de diciembre de 2018. Dicho de otra manera: los españoles hemos asumido 20.000 millones de euros más a lo largo de 2019. Sánchez mintió.
A pesar de los 3.798 millones de euros que se esfumaron de los libros de deuda pública por un cambio en la metodología contable, se hace difícil pensar que el endeudamiento se ha reducido cuando el déficit público corre serio riesgo de no descender por primera vez desde la salida de la crisis.
Una economía vulnerable
Esto, que ya de por sí es preocupante, se agrava cuando observamos la nueva senda de déficit público que ha aprobado el gobierno con la colaboración, activa o pasiva, de independentistas y enemigos del bien común españoles. De cumplirse, nuestro país se asoma a un período de 16 años de déficit público ininterrumpido.
Una senda que sitúa al país en una situación de vulnerabilidad extrema y mina, una vez más, nuestra credibilidad internacional. Rajoy tenía comprometido un déficit del 0,5% en 2020, Sánchez lo relajó al 1,1% y ahora ya plantea, abiertamente, un 1,8%. Esto son, ni más ni menos, que más de 13.000 millones de euros que saldrán del bolsillo de los españoles durante los próximos años y que irán a financiar veremos qué proyectos totalitaristas y cercenadores de la actividad económica.
Una senda que recoge un techo de gasto (3,8% en 2020) que triplica lo permitido y acordado por Bruselas y ni tan si quiera es capaz de asegurar los ingresos presupuestados por el gobierno:
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Las tasas Google y Tobin, en el escenario más optimista, recaudarán 800-1.000 millones de euros, muy lejos de los 2.000 inicialmente presupuestados.
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La subida del IRPF a las rentas altas, según Funcas, recaudará 204 millones de euros, un 38% menos de la recaudación prevista en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas 2019-2022.
Y así podremos reducir los 5.600 millones de euros de mejora de ingresos a menos de 2.000 millones. El gasto permanecerá intacto, y la diferencia será un agujero notable en las finanzas públicas. Todo lo anterior en un contexto económico que no recoge la creciente posibilidad de recesión que sobrevuela Europa y a la que España no es inmune. El coronavirus será la excusa, pero no la razón real, para ver rebajas de estimaciones en los próximos meses. No se puede descartar un crecimiento del 1,2% ya en 2020 y con problemas para superar el 0% en 2021. La recesión en sectores clave como el industrial o la construcción ya se está trasladando a los servicios, que es el principal motor económico del país.
Bruselas avisa y duda de España
La propia Comisión Europea ya nos ha enviado un aviso serio sobre la cuantificación del riesgo político de un gobierno compuesto por quienes están más cerca de la irresponsabilidad argentina que de la rigidez presupuestaria alemana: Si nuestro ejecutivo indexa las pensiones al IPC está en juego una factura de unos 50.000 millones de euros en una perspectiva de 2050. 4,7 puntos porcentuales de PIB a añadir a una factura de la Seguridad Social que ya de por sí es abultada, y que todos coinciden en que crecerá como consecuencia de la desaceleración en el mercado laboral. Por el momento, el gasto por desempleo ya se ha incrementado en 2019 por primera vez desde 2014 y la tasa de paro todos coinciden que tiene poco recorrido a la baja.
Sólo en las pensiones está en juego el doble de lo que recaudamos por Impuesto de Sociedades, la tercera figura tributaria por recaudación.
Tampoco debemos obviar el efecto que tendría la contrarreforma laboral, o la reforma del estatuto de los trabajadores en relación con la subcontratación, que serían motivos de rebaja de nuestro rating para analistas como Moody’s o S&P (que se hayan posicionado públicamente), y también están en el objetivo de las críticas europeas.
En definitiva, nuestro país sigue acumulando riesgos a la baja y nuestro presidente del Gobierno mantiene un discurso partidista y ajeno a la realidad. Nuestra deuda pública va a permanecer en niveles cercanos al 100% durante los próximos años sin ninguna duda, y eso supone un foco de vulnerabilidad que nos pasará factura.
Las emisiones de deuda durante esta semana ya han comenzado a dar síntomas de tensión en los mercados financieros. Se secan. La música deja de sonar. Es verdad que por el momento no es nada preocupante, pero los avisos se suceden y continuamos mirando para otro lado.
España no tiene margen para políticas fiscales ni monetarias. El tiempo que han dado los estímulos externos lo hemos gastado en mirarnos el ombligo y alabar lo bien que nos ha ido con vientos de cola positivos. Ya sólo quedan las reformas estructurales, y en la dirección adecuada.
Mientras nos sigamos alejando de la Unión Europea y de Estados Unidos para acercarnos a Venezuela y Argentina, no podremos pedir el mismo trato que a Alemania o Francia cuando las cosas se tuerzan, porque es vox pópuli en los mercados que se torcerán.
Nuestro gobierno prefiere mirar para otro lado y esconderse en falsos mantras y parapetos artificiales que sólo maquillan nuestros problemas, pero no los eliminan. Las consecuencias las pagamos todos. No hay libertad individual sin libertad financiera. Y no hay prosperidad sin libertad individual. España va camino de perder lo que con tanto esfuerzo hemos construido.