Durante la pasada legislatura, el grupo socialista llevó al Congreso de los Diputados el debate sobre la posible modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. El objetivo de la bancada izquierdista era introducir un nuevo marco regulatorio que pasaría por igualar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados con las de los asalariados ocupados en la empresa a la que los primeros prestan sus servicios.
La iniciativa sedujo inmediatamente a la bancada de Unidas Podemos, pero también contó con el apoyo de PNV, ERC, EH Bildu, PDECat o Nueva Canarias. De hecho, solamente dos partidos votaron en contra: el PP y Foro Asturias. Ciudadanos, por su parte, eligió una posición de abstención y se colocó "de perfil".
Había, pues, un frente unido para sacar adelante esta modificación. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales, celebradas en mayo, y la repetición de las mismas, el pasado mes de noviembre, dejaron "en la nevera" la tramitación de esta modificación legislativa, a la espera de la conformación de un nuevo gobierno.
Yolanda Díaz, dispuesta
Las cosas han cambiado un poco desde entonces. El ministerio de Trabajo ha pasado a manos de Yolanda Díaz, de modo que ya no depende del PSOE sino de sus socios comunistas de gobierno, Unidas Podemos. Sin embargo, esto no parece suponer un problema, puesto que Díaz ya ha dejado caer que la próxima "contrarreforma laboral" del nuevo gobierno pasa, en efecto, por introducir los citados cambios en el Estatuto de los Trabajadores.
Según rezaba la proposición de ley que se discutió en el Congreso, la meta del bloque de izquierdas es "garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados". Así, si se mantiene la propuesta que habían lanzado los socialistas, la nueva redacción del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sería la siguiente:
"Se entenderá que el objeto de contratación o subcontratación supone la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad del empresario contratante cuando se corresponda con todas o alguna de las actividades principales o nucleares del mismo y suponga, por parte del contratista o subcontratista, la aportación de mano de obra que desarrolla funciones profesionales que tienen relación directa con dichas actividades principales o nucleares. En estos casos, las empresas contratistas y subcontratistas deberán garantizar a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata, durante el tiempo en que presten servicios adscritos a la misma, las condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que fuese de aplicación en la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran trabajadores contratados directamente por dicho empresario principal. A estos efectos se consideran condiciones laborales y de empleo esenciales las referidas a remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiempo de trabajo y descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y frente a riesgos laborales"
Advertencia de la CEOE
Desde la patronal ya se ha advertido que las pretensiones de Trabajo "pueden incidir de forma directa y grave en el funcionamiento de la economía de nuestro país y de Europa". Además, la CEOE ha recordado que la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy no había modificado este punto del Estatuto de los Trabajadores, de modo que no tiene sentido plantear el cambio como una derogación de las cláusulas que introdujo el anterior gobierno popular.
La organización que preside Antonio Garamendi y que representa a las empresas de nuestro país insiste en que "la economía española y la europea se basan en un modelo consolidado de descentralización y colaboración en el que la mayor parte de empresas y sectores delegan ciertas tareas y servicios a través de la subcontratación, logrando así servicios especializados, ganancias de eficiencia y adaptación al entorno".
Sin embargo, "una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas españolas. Concretamente, si el Ministerio de Trabajo aprobara su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo".
Encarecimiento de hasta un 63%
Las primeras estimaciones que se han realizado corren a cuenta del gigante de recursos humanos Randstad, cuyo servicio de estudios ha medido 30 convenios colectivos de 10 sectores distintos: comercio, hostelería, industria, transporte… Su evaluación abarca más de 100 categorías profesionales que pueden ser subcontratadas: conductores, limpiadores, auxiliares, comerciales, telefonistas, personal de seguridad…
En promedio, el encarecimiento derivado de igualar las condiciones salariales de unos y otros trabajadores sería del 40%. En la hostelería, el repunte rondaría el 34%, mientras que en los grandes almacenes se produciría un crecimiento del 43%. El aumento más fuerte se daría en la siderometalúrgia, con un 63% más de costes salariales.
