El pasado 6 de febrero, el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó el Decreto Ley de vivienda que obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven seis meses en una de sus propiedades. Pero no solo eso, también elevó al 40% el porcentaje de suelo para VPO de las nuevas promociones que se construyeran en el área metropolitana de Barcelona.
Solo unos días después de esta aprobación, con la abstención del PSC y con el rechazo de PP y Ciudadanos, el Consejo de Garantías Estatuarias (CGE), que es el encargado de supervisar las leyes catalanas para que se ajusten a la Constitución Española y al Estatuto de autonomía catalán, ha señalado que está normativa vulnera los derechos de los propietarios y apoya la okupación de viviendas.
En el texto emitido por el organismo, se puede leer que este Decreto Ley "legaliza" la ocupación bajo la "influencia de Podemos". También ha explicado que la nueva definición de vivienda vacía es "inconstitucional porque vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Constitución, por lo que hace referencia a la supresión como causa justificada de la desocupación permanente de la vivienda la ocupación de ésta sin título legítimo, cuando la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales adecuadas para la recuperación efectiva de la posesión, antes de cumplirse el plazo de dos años por considerar la vivienda como vacía".
Sin embargo, la Generalidad de Cataluña ha desoído al CGE y ha decidido seguir adelante con esta ley que supone, en la práctica, un impulso a la okupación ilegal. La portavoz de la Generalidad, Meritell Budó, ha sido la encargada de hacer público la intención de seguir adelante con el desarrollo de esta normativa.
Este Decreto Ley permitirá, además, legalizar la okupación de otra manera, ya que considerará vivienda vacía cuando un inmueble no haya estado habitado durante dos años, sin importar si el piso ha estado okupado y que la situación haya sido denunciada por el propietario del inmueble.
Por si esto fuera poco, el Parlamento de Cataluña también quiere ir a por los inversores, bancos y fondos, que cuentan con un importante volumen de propiedades en la comunidad autónoma. De esta manera, el Decreto Ley de 23 de diciembre establece que los propietarios de más de 15 viviendas serán obligados a destinar sus inmuebles al alquiler social durante 7 años.