Revolución en el seno de la Seguridad Social. La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir al País Vasco la gestión económica de las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social ha hecho estallar a sus propios letrados.
"Ante el anuncio del acuerdo relativo a la transferencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco de competencias que afectan al régimen económico de la Seguridad Social así como la fijación de un calendario concreto para las mismas", la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, "desde la responsabilidad que le es exigible como Cuerpo especializado en el asesoramiento y asistencia jurídica en materia de Seguridad Social", ha publicado un duro comunicado contra el plan del Ejecutivo socialista para cumplir con las exigencias del PNV.
El PNV ha planteado un órdago al Gobierno de Sánchez para hacerse con la gestión de la Seguridad Social. Aunque esto no supondría la creación de una Seguridad Social vasca al margen de España, como ya publicamos en Libre Mercado, haría que saliera del País Vasco uno de los pocos organismos públicos estatales relevantes que siguen teniendo presencia en la comunidad autónoma.
"Son fondos propios intransferibles"
Lo primero que exponen los letrados es que esta idea no se ha debatido en el Pacto de Toledo. "Se trata de una decisión adoptada sin la indispensable intervención del Pacto de Toledo, foro de consenso político y social en el ámbito de la Seguridad Social constituido en el seno del Congreso de los Diputados con el objetivo primordial de garantizar el sistema de protección social público mediante el consenso de los diferentes partidos políticos", recuerdan. "La esencia de nuestro Sistema de previsión social se define por un principio básico de solidaridad financiera garantizado por la Administración de la Seguridad Social, que supone que ésta se reserve la disponibilidad directa sobre los fondos propios que son intransferibles en cuanto a las facultades de gestión o ejecución de los fondos de la Seguridad Social destinados a sus servicios o prestaciones so pena de vaciar de contenido el referido principio", han añadido.
Por ello, los letrados exigen, "ineludiblemente, que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, que se adoptan bajo los principios de sostenibilidad, solidaridad financiera y caja única". De lo contrario, "disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios...), abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional", alertan.
Según lo acordado entre el Gobierno de España y el vasco publicado por EFE, se pospondrá hasta 2021 el "estudio" de la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social a esta región, a la espera de que "estén avanzados" los acuerdos de renovación del Pacto de Toledo, por lo que, en ese punto, el Cuerpo Superior de Letrados podría respirar aliviado.
Desmienten a Yolanda Díaz
Aunque la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró ayer jueves que lo que se va a transferir al Gobierno vasco es la gestión económica de las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social y que esto no implica "tocar la caja única", sus propios letrados no se lo creen.
Los expertos consideran que anteriores procesos de transferencias (Sanitarias y de Servicios Sociales) "evidencian cada día disfunciones objetivas y diferencias en la prestación de los servicios a los ciudadanos, en atención a las prioridades y recursos financieros de las distintas comunidades autónomas". Por eso, creen que "idéntica reflexión cabría realizar en lo relativo a los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas o a su control"
En conclusión, "no solo la igualdad de todos los españoles sino la propia caja única se puede ver afectada como consecuencia del proceso de transferencias que se pretende iniciar y, por ello, no puede quedar concretada en el seno de una comisión bilateral, sin que previamente se delimiten, en el seno del Pacto de Toledo".
Por todo ello, "y para evitar la adopción de cualquier decisión precipitada en un momento como el actual, de indefinición sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones", esta asociación considera, "al margen de cuestiones políticas, que el proceso de transferencias debe abordarse con el imprescindible consenso de todos los ámbitos de responsabilidad implicados (políticos, sociales, y técnicos) que solo cabe encontrar en el seno del Pacto de Toledo porque " nos enfrentamos a uno de los mayores retos de la etapa democrática, que afecta de lleno a nuestro Estado de bienestar".