La secretaria de Sanidad de Unidas Podemos, Amparo Botejara, ha señalado que Muface "genera una gran desigualdad entre los funcionarios y el resto de la población", "es como si existieran colegios a los que solo pueden ir hijos de funcionarios", argumentó, tal y como recoge El Economista. Con estas declaraciones, el partido morado ha comenzado a dar algunas pinceladas de uno de sus nuevos objetivos de su partido: terminar con el sistema sanitario usado por 1,47 millones de personas en España.
Aunque Botejara ha señalado que esta medida no está pactada con el PSOE, no ha descartado que los socialistas terminen apoyándola, ya que defendieron la demolición pausada de Muface hace unos años. Eso sí, el objetivo del partido de Pablo Iglesias es comenzar una transición larga para acabar con el sistema público-privado en unos años e ir progresivamente disminuyendo el número de funcionarios que lo usan.
Sin embargo, todo parece indicar que esta propuesta de Podemos se quedará en nada. Sobre todo, teniendo en cuenta que a principios del pasado mes de diciembre, el Partido Socialista firmó un nuevo convenio con Muface para dos años más. Entre las medidas del texto recientemente firmado se incluía la de implantar la protonterapia del cáncer a través de Quirón y la Clínica Universitaria de Navarra.
¿Qué es Muface?
Muface es un organismo público dependiente del ministerio de Política Territorial y Función Pública y gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios del Estado. Cuenta además con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión. Se trata, en definitiva, de un Régimen Especial de carácter mutualista distinto al Régimen General de la Seguridad Social española, a la que deben contribuir el resto de ciudadanos españoles.
Lo más destacable del organismo es que permite a varios sectores funcionariales elegir la asistencia sanitaria y farmacéutica, además de otras prestaciones. En definitiva, los funcionarios con acceso a Muface pueden elegir entre la sanidad pública o la privada. Además, en los datos de 2018 se puede observar que el 80% de los funcionarios escogen la sanidad privada a través de los conciertos con las diferentes aseguradoras, en lugar del sistema sanitario público. La cifra de mutualistas y beneficiarios a nivel nacional alcanzó en 2018 los 1,47 millones de personas.
"La conclusión de estos datos no puede ser más clara: cuando se da a elegir a los funcionarios si quieren recibir los servicios sanitarios a través del sistema público o de una seguradora, la mayor parte escoge la aseguradora. Juzguen ustedes mismos", señalan desde la Institución Futuro.