La contrarreforma laboral sigue en marcha. Empezó a finales de 2018, cuando se anunció una subida del salario mínimo del 22% que ha empujado a cientos de miles de trabajadores al paro. Continuó en 2019, con la introducción de un control de horarios que ha supuesto una fuerte caída en las horas extra no pagadas, pero que también ha tenido el mismo efecto en las que sí eran remuneradas (caen un 13%).
El año 2020 arranca con nuevas medidas que atentan directamente contra el espíritu de flexibilidad recogido en la reforma laboral de 2012. Por un lado, se ha elevado otro 5,5% el salario mínimo, a pesar del aumento del paro que se constató en 2019 entre los grupos vinculados al pago del coste laboral básico. Por otro lado, se ha anunciado la derogación del artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que procuraba restringir el absentismo laboral al permitir el despido objetivo de trabajadores con bajas justificadas reiteradas.
Tal artículo incluía diversas medidas atemperadoras que excluían del supuesto a aquellos trabajadores que sufriesen una enfermedad grave, que atravesasen un embarazo o que hubiesen sido víctimas de un accidente laboral. En consecuencia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Abogacía del Estado y la Fiscalía se pronunciaron a favor de la legalidad de dicha instancia, al entender que no vulneraba los derechos de los trabajadores y que buscaba un equilibrio entre el asalariado y la empresa.
Los datos desmontan al gobierno
De hecho, la prueba del algodón que demuestra que esta cláusula no era un problema para los trabajadores la tenemos en los datos de la Seguridad Social que detallan los procesos de incapacidad temporal por accidentes o enfermedades no laborales. Dicha base de datos muestra que el número de bajas médicas se ha disparado en los últimos años, a pesar de la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
Así, mientras que en 2013 (primer año de plena vigencia de la reforma laboral) hubo 3,2 millones de procesos de esta índole (a un promedio mensual de 260.000 bajas), en 2019 vemos que esta cifra se disparó hasta los 5,7 millones (con un ritmo medio de 470.000 bajas al mes). Hablamos, pues, de una subida del 78% que desmonta la tesis del gobierno, cuyo discurso venía girando en torno a la idea de que la capacidad de los trabajadores de tomarse una baja laboral justificada se había resentido significativamente tras la reforma de 2012.
Los datos son claros. Hay comunidades donde las bajas llegan a alcanzar, de media, los 70 días (caso de Extremadura), mientras que el promedio nacional se sitúa cerca de los 40 días de ausencia en el puesto de trabajo. No solo eso: el ritmo de aumento de las altas por incapacidad temporal ha subido a tasas interanuales que superan el 15%.
Todo esto tiene, además, un impacto en las cuentas públicas. La Seguridad Social dedicó en 2012 unos 5.400 millones de euros a pagar a los afiliados que solicitan una baja laboral. Pues bien, en 2018 vemos que, lejos de haberse producido una caída, esta rúbrica había crecido hasta los 8.000 millones de euros. De nuevo, los datos tumban el relato de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y del gobierno de PSOE-Podemos.