Arrancan las subidas de impuestos de Sánchez e Iglesias. El nuevo Gobierno ha aprobado este martes sus primeras subidas fiscales: la tasa Google y la tasa Tobin. Tras el Consejo de Ministros de hoy, estos dos tributos empezarán a ver la luz. A principios de 2019, el PSOE ya intentó implantarlos, pero el rechazo a sus Presupuestos y el adelanto electoral, terminaron truncando sus planes. En sus diferentes programas económicos, Podemos también ha defendido la necesidad de gravar a las tecnológicas y a la banca, así que, en este punto, el acuerdo con los socialistas ha sido rápido.
La tasa Google está de plena actualidad, ya que Francia ha decidido posponer su aplicación tras las advertencias de Donald Trump de incrementar los aranceles al vino francés y a otros productos galos si Macron seguía adelante con sus planes. La tasa Google afecta, sobre todo, a empresas estadounidenses –como Facebook, Apple, Amazon o Google– y su puesta en marcha no ha sentado nada bien al presidente americano. Mientras tanto, la Comisión Europea está trabajando en instaurar una tasa común para todos los países miembros. Pero los socialistas no quieren esperar, y llevan meses empeñados en sacar adelante este impuesto en solitario.
Retrasa la Tasa Google a diciembre
María Jesús Montero presumía de tener listos el impuesto a las tecnológicas (tasa Google) y el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin), cuando le preguntaban la semana pasada cómo iba a sufragar el aumento del gasto que planea el Ejecutivo de Sánchez para este año y los próximos. Antes de aprobar estos dos tributos, el Gobierno había calculado que las arcas del Estado ingresarían unos 2.000 millones de euros por esta vía, de los que 1.200 millones corresponderán a la tasa Google y 850 millones, a la tasa Tobin. Ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ni los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) confiaban en que el Estado consiga ingresar estas cifras de recaudación. Es por eso ahora que el Ejecutivo socialista ha tenido que dar marcha atrás y, este martes, ha tenido que reducir sus estimaciones de ingresos. Así, la recaudación por estas dos será de 1.818 millones de euros (850 millones por la Tasa Tobin y 968 millones, por la Tasa Google) y no de 2.000 millones.
Por otro lado, la vicepresidencia de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, intentaba ayer enviar un mensaje tranquilizador asegurando que España tomará una decisión "similar" a la de Francia con la tasa Google. En declaraciones a la prensa antes de participar en la reunión del Eurogrupo en Bruselas, Calviño dijo que "en el caso francés, se han suspendido los pagos a cuenta. Es decir, que la liquidación del impuesto se produzca a finales de año. Desde ese punto de vista, nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo y ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional". La vicepresidenta añadió que "no se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de la liquidación a final de año". Por tanto, y según lo aprobado en el Consejo de Ministros, el Gobierno no va a empezar a cobrar este tributo hasta final de año, cuando lo hará todo junto. Después, el cobro será trimestral. Pero entonces, ¿cómo va a cumplir el Gobierno sus objetivos de recaudación? Es un misterio.
Inquietud entre las patronales
La confusión en el sector es total, lo que está generado gran inquietud entre las empresas tecnológicas. El director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann, se opone frontalmente a que nuestro país aplique de manera unilateral esta medida. "Es discriminatorio y va a afectar a muchas empresas, que, seguramente, todavía no lo saben. Les va a dar la sorpresa porque no van a ser sólo cuatro o cinco compañías", vaticina en declaraciones a Libre Mercado.
La tasa Google caerá sobre las empresas que obtienen más de 750 millones de euros en ingresos globales y más de 3 millones de euros en España. Estas compañías pagarán un 3% por trabajar la publicidad digital, la venta de datos y ejercer de intermediarios en la venta de productos. Google, Amazon, Facebook, Uber, Airbnb, Booking… a falta de que el Gobierno dé más detalles sobre el filtro que hará para determinar a qué empresas incluye en su lista negra, todo apunta a que la lista de afectados puede ser muy larga.
"Esta tasa va claramente contra las empresas norteamericanas, y EEUU va a actuar con España igual que con Francia", señala el director general de Adigital, en relación a los aranceles con los que Donald Trump podría castigar a los productos que salgan de nuestras fronteras. Adigital representa a las plataformas de internet de los diferentes sectores de la economía, que van desde Uber a Deliveroo, pasando por Airbnb.
Zimmermann advierte de que el primer efecto si España aplica esta tasa en solitario es "el frenazo de las inversiones" tecnológicas en nuestro país. El experto, que se muestra "a favor de actualizar el marco fiscal" de estas empresas, pero siempre desde la UE. También, recuerda que "estamos en un mercado único, y yo me puedo instalar en Madrid, Dublín o Roma", por lo que este agravio fiscal a las empresas en nuestro país solo restaría competitividad a España en comparación con el resto de mercados.
¿Pagará el consumidor?
El siguiente efecto que podría darse tras la aprobación de la tasa Google es que las empresas que operan en nuestro país trasladarán ese golpe fiscal al usuario final. Según un informe de Adigital, PWC y AMETIC, cuando se empiece a aplicar este impuesto "los consumidores experimentarán una pérdida de bienestar de entre 515 y 665 millones de euros, por el incremento en el precio". Esto son unos 30 euros por cada cliente digital.
Y no sólo será el ciudadano de a pie. Este informe señala que "la mayor parte del coste del impuesto será soportado por las pymes que usan las plataformas digitales", ya que "los marketplaces permiten a las pymes y startups la digitalización de sus ventas a un bajo coste y sin necesidad de desarrollar una plataforma propia". Según sus cálculos, la mitad de las ventas en marketplaces corresponden a pymes y alrededor de un cuarto son fuera del territorio nacional. Además, la publicidad online puede llegar a ser hasta 6 veces más barata que la publicidad tradicional u offline. Teniendo en cuenta que alrededor de un 25% de las empresas pagan por anunciarse en internet, y más del 94% usan las redes sociales para comunicarse con los clientes, si Facebook o Twitter deciden trasladar esos precios a sus clientes, la lista de afectados puede ser infinita. Además, también advertían de que "el impuesto ralentizará el proceso de digitalización de la economía española".
En una línea similar ha ido la la patronal de la industria digital AMETIC. Hace unos meses, señalaban que "la fiscalidad debe ser adoptada de una manera global e internacional y nunca de forma unilateral y sin aislar lo digital del resto de la economía", y ahora, suscribe al 100% sus palabras, según fuentes de la patronal.
AMETIC ya se posicionó "en contra del impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google) planteado por el Gobierno de España". Advirtió entonces de que se trataba de "una decisión unilateral que podía afectar muy negativamente a la economía española". Consideran que los planes del Gobierno afectan "al principio de seguridad jurídica, alteran de forma negativa la legitimidad de un sistema tributario internacional caracterizado por su coordinación transfronteriza, y tendrá un impacto local y negativo en la inversión, la digitalización, la conectividad y en empresas y consumidores que acceden a los servicios digitales". Adicionalmente, recuerdan que "este tipo de impuestos terminan siendo repercutidos en las empresas usuarias de los servicios digitales y en el consumidor final".
Ya el pasado mes de septiembre AMETIC publicó un estudio en el que advertían de que la tasa Google crearía "barreras de entrada al mercado a pequeñas empresas y startups, al resultarles más caro acceder a los servicios de las plataformas digitales, y repercutirá negativamente en el bienestar de los consumidores españoles, particularmente en las rentas bajas". El documento "Who will bear the Burden of DSTs?" analizaba el efecto económico del impuesto sobre determinados servicios digitales en Europa y sus consecuencias para los consumidores y pequeñas empresas. La tasa Google "planteada por el Gobierno de España afectará a un mayor número de compañías de las previstas inicialmente (plataformas digitales con cierto tipo de servicios y determinados umbrales de ingresos). Son muchas las pequeñas empresas que se están creando gracias a las plataformas digitales y otras tecnologías de internet, y que se verán afectadas por el impuesto", señalaban entonces.
"Lagunas y zonas grises"
DigitalES es otra asociación de empresas de tecnología con domicilio fiscal en España. Ante la inminente aprobación de la tasa Google, se remiten a las palabras de su directora, Alicia Richart, cuando el Gobierno intentó aprobar este impuesto el pasado año. "La creación de un impuesto para asegurar este principio en la economía digital no puede suponer gravar doblemente a aquellas empresas que ya están tributando por sus ingresos en nuestro país. El texto de este Anteproyecto presenta además articulados que difieren de la primera redacción del proyecto de Directiva europea, y que contienen graves lagunas y zonas grises abiertas a interpretación posterior", denunciaba.
El texto publicado entonces por la Dirección General de Tributos no deja "del todo claro qué servicios específicos van a ser gravados, o cuáles se van a ver contaminados (sectores como el de la automoción y su coche conectado también podrían verse afectados, penalizando así los negocios con un alto componente de innovación)". Junto a esta falta de definición de los servicios afectados, destaca una disposición final tercera que establece que los umbrales cuantitativos, los supuestos de no sujeción o el tipo impositivo "podrán ser modificados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado". "No es de recibo que una ley de este calado pueda ser modificada anualmente según los intereses políticos o necesidades presupuestarias de cada momento. Una arbitrariedad que sepulta cualquier principio de seguridad jurídica, eficacia, proporcionalidad y transparencia, además de dejar en muy mal lugar la imagen de España en el exterior", señalaba Richart.
"Debemos asegurar que la aplicación de un impuesto de estas características sirva para su objetivo inicial de corregir la ventaja de entidades no establecidas en los países donde generan sus ingresos, y no castigar a las empresas cuyo conjunto de ingresos ya están siendo fiscalizados", añadía.