La patronal mundial de los operadores móviles, GSMA, anuló este miércoles la celebración del Mobile World Congress en Barcelona. En un principio se habló del temor al coronavirus, pero políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la vicepresidenta Carmen Calvo, negaron que la cancelación respondiera "a razones de salud pública". Según apuntaba Luis Fernando Quintero en Libre Mercado, el alto precio de los stands podría haber sido clave en esta decisión.
Aun así, la ciudad condal albergará un congreso de telefonía móvil. La oenegé SETEM Catalunya presentó este jueves la quinta edición del Mobile Social Congress (MSC), conocido como el anti-Mobile, que se celebrará entre el 24 y el 26 de febrero, se denunciarán "las vulneraciones de derechos del sector electrónico en toda su cadena de producción" y será financiado y presentado por el Ayuntamiento que preside Ada Colau.
Según informa Efe, uno de los ponentes internacionales será el abogado fundador de International Rights Advocates, Terry Collingsworth, que ha presentado en EEUU una demanda civil contra las multinacionales tecnológicas por abusos en las minas de la República Democrática del Congo y representa a 14 familias congoleñas en esta demanda.
Collingsworth participará en un debate el día 26 sobre los impactos de la industria extractiva en minas de diferentes países como las minas de litio en Chile o las de coltán en la RD del Congo.
El objetivo del MSC es remarcar la "transversalidad en la vulneración de derechos" y por ello reunirá en un debate el día 25 al sindicalista indio Aneesh Manjunath, que explicará las condiciones laborales en el sector en su país, con el extrabajador de Amazon en España Patxi Fernández, para compartir experiencias.
El director de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona, David Llistar, ha destacado en la presentación la necesidad del MSC porque el Mobile World Congres "presenta una proyección distorsionada ya que la imagen que ofrece es incompleta".
"Igual que en un momento se supo que la Tierra no era plana, ahora se sabe que el proceso de producción del sector de la electrónica tiene perdedores, algunos en condiciones de semiesclavitud en determinados países", ha criticado Llistar.
En ese sentido, SETEM Catalunya ha reivindicado el proyecto Make ICT Fair, de la que forma parte junto a otras diez organizaciones de la UE que trabajan por la "soberanía tecnológica y una electrónica justa", uno de los lemas del congreso.
Paga el ciudadano
El anti-Mobile será pagado, en parte, por los contribuyentes de Barcelona. Una portavoz de SETEM ha declarado en Crónica Global que "contamos con aportaciones del ayuntamiento en el marco de un convenio bilateral de colaboración", sin aportar la cifra exacta. Además del consistorio, el contracongreso recibe dinero de la Comisión Europea por medio de un proyecto paneuropeo con hasta 11 socios y "pequeñas colaboraciones de la Diputación de Barcelona y los colaboradores".