Andrés González, consultor de negocios con una dilatada trayectoria en el ámbito de la asesoría a grandes compañías, sacó a la luz en 2015 el elevado coste de las ayudas concedidas a lo largo de los años al sector de la minería. Según los datos que expuso de la mano de Rocío Orsi en La economía a la intemperie, las subvenciones al carbón aprobadas en las últimas décadas han tenido un coste superior a los 20.000 millones que desembolsó el Estado para evitar la quiebra de Bankia.
Cinco años después, el Tribunal de Cuentas (TdC) vuelve a poner encima de la mesa esta cuestión, a raíz de un informe en el que analiza las ayudas canalizadas por los programas de reactivación de las comarcas mineras de nuestro país. En total, los programas estudiados por el TdC movilizaron cerca de 1.800 millones de euros de dinero público entre los años 2006 y 2017, de los que unos 1.100 fueron a infraestructuras y 700 millones a proyectos empresariales.
La evaluación del TdC reprocha que tal desembolso se aprobase sin elaborar previamente algún tipo de estudio, análisis o memoria que facilitase información sobre el impacto de las iniciativas aprobadas. No había, pues, un mínimo de planificación a la hora de desembolsar las ayudas, a pesar de su elevado coste para el erario público.
Así, el ente auditor describe el proceso de ayudas a la minería como una especie de carrera hacia adelante en la que no se ha dejado de enterrar dinero público en proyectos que no contaban con objetivos, indicadores o metas que permitiesen cuantificar claramente cuáles eran los resultados que se pretendían lograr.
Cuando el TdC pone la lupa en los 1.800 millones que han manejado estos programas encuentra que los fondos públicos han sido empleados de forma manifiestamente mejorable, con manifiesta "ineficiencia", "irregularidad", "discrecionalidad" y "opacidad". Todo, además, con el agravante de que el grueso de las ayudas fue canalizada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, una entidad que carecía de capacidad para manejar unos proyectos de tan elevado coste.
El caso de Teruel
La llegada al Congreso de los Diputados de la agrupación de electores Teruel Existe ha hecho que numerosas voces reclamen este tipo de inversiones en la provincia, argumentando que tendrán un impacto beneficioso para la economía y que, además, ayudarán a frenar la tendencia a la despoblación.
Sin embargo, lo cierto es que, solamente en Teruel, las dos últimas décadas han estado marcadas por un intenso volumen de ayudas públicas a las comarcas mineras. La Cámara de Cuentas aragonesa ha detectado al menos 430 millones de euros vinculados a estas iniciativas de gasto, que no han evitado en absoluto la decadencia económica ni la despoblación de la provincia. De hecho, por cada puesto de trabajo que se ha mantenido, los gastos asumidos por los contribuyentes han sido de 225.000 euros.