La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha ganado a pulso la animadversión o, como mínimo, la desconfianza del conjunto de las CCAA, incluidas las gobernadas por el PSOE, lo cual no deja de tener mérito. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado viernes evidenció la elevada tensión existente entre la Administración Central y las autonomías del régimen común, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez se negó a devolver la liquidación del IVA correspondiente a diciembre de 2017, cuya cuantía ronda los 2.500 millones de euros.
El problema, sin embargo, es que no se trata de un caso aislado ni excepcional, puesto que Montero ha protagonizado, al menos, siete grandes tropelías en materia de financiación autonómica en el escaso año y medio que lleva al frente del Ministerio, lo cual apunta a récord.
1. No devuelve el IVA de 2017
El exministro del ramo Cristóbal Montoro modificó el sistema de facturación del IVA en 2017, provocando un retraso en la presentación de las declaraciones fiscales, motivo por el cual ese ejercicio tan sólo contabilizó once meses de recaudación de IVA a efectos presupuestarios. El mes que falta tendría que haber sido abonado en 2019 a las CCAA, a las que les corresponde el 50% de lo que genera ese tributo, cuando se procedió a la liquidación del sistema correspondiente a 2017 -las autonomías reciben cada año un dinero por parte del Estado en función de la previsión de ingresos que estime el Gobierno y dos años más tarde se abona o resta la diferencia en función de la recaudación real que se haya obtenido durante ese ejercicio-.
Tanto es así que las autonomías elaboraron sus Presupuestos para 2019 contando con que recibirían esos 2.500 millones de euros, pero, finalmente, no fue así. A pesar de que Montero fue una de las primeras en reclamar ese dinero cuando ocupaba el cargo de consejera de Hacienda en Andalucía, hizo lo contrario al llegar al Ministerio. Aún peor, pues utilizó esta baza a modo de chantaje para tratar de lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado el pasado año, cosa que, finalmente, no sucedió. La ministra incluyó en su proyecto presupuestario una modificación del reglamento del IVA para abonar la cantidad reclamada por las CCAA, pero como no salió adelante optó por no devolver el dinero. Y ello a pesar de que dicho reglamento podría ser cambiado en cualquier momento mediante un real decreto.
2. Genera más déficit y deuda
Esta decisión provocó la ira de los gobiernos regionales, que o bien ya han ido o bien acudirán a los tribunales para reclamar el dinero. El levantamiento de las autonomías socialistas hizo reaccionar en última instancia a Montero, pero, lejos de corregir su error, aprovechó el CPFF del pasado viernes para cerrar en falso esta cuestión. Su propuesta es un burdo engaño, dado que lo único que ofrece a las CCAA es más déficit y más deuda a través del FLA, en vez de liberar los 2.500 millones que aún adeuda.
3. Amenaza con subir impuestos
Por si fuera poco, Montero insiste en la necesidad de llevar a cabo una "armonización fiscal" a nivel autonómico, cuya consecuencia será una subida generalizada de impuestos a millones de españoles. Amenaza con implantar un umbral mínimo en los tributos cedidos a las CCAA, elevando con ello la fiscalidad de todas las autonomías que hayan apostado por rebajas tributarias en los últimos años. De llevarse a cabo, el Gobierno de Sánchez no sólo resucitará, sino que aumentará de forma sustancial el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como el Impuesto de Patrimonio e incluso el tramo autonómico del IRPF.
4. Retrasa y reduce las entregas a cuenta de 2019
Asimismo, la ministra de Hacienda aplicó un recorte unilateral e inédito de las entregas a cuenta en 2019. Estas entregas, que es el dinero que reciben las CCAA a través del sistema de financiación y que representa más del 70% de sus ingresos totales, se actualizan todos los años en función de la recaudación prevista. El Gobierno suele comunicar su cuantía en julio y, posteriormente, remite la cifra definitiva en octubre, poco antes de que comience el ejercicio en el que será abonado el dinero.
Montero comunicó en julio de 2018 las entregas correspondientes a 2019, cuyo volumen ascendía a 102.856 millones de euros. Ésta es la cifra que tomaron como referencia las autonomías para elaborar sus presupuestos el pasado año. Sin embargo, escudándose en que el Congreso tumbó el proyecto presupuestario de Sánchez, lo que hizo el Gobierno fue prorrogar las entregas a cuenta repartidas en 2018, próximas a los 98.000 millones, unos 5.000 millones menos, lo cual generó graves problemas de tesorería en numerosas regiones.
Montero adujo entonces que tanto la prórroga presupuestaria como el hecho de que el Gobierno estuviera en funciones le impedía legalmente pagar las entregas correspondientes a 2019, y hasta se sacó de la manga un informe de la Abogacía del Estado para justificar su decisión.
Pero hete aquí que lo que antes era imposible fue posible en octubre, cuando el Ejecutivo aprobó por sorpresa un real decreto para, sin tener todavía Presupuestos ni Gobierno constituido, abonar las entregas de 2019. El único problema es que las cuantías repartidas fueron 121 millones de euros inferiores a las comunicadas en julio de 2018, sin mediar explicación alguna sobre dicho recorte. Nunca antes había pasado algo semejante.
5. Sigue sin comunicar las entregas de 2020
A finales de enero, y ante la insistencia de las CCAA por conocer los ingresos que recibirían en 2020 para elaborar sus presupuestos sobre datos fidedignos, Montero trató de vender a la opinión pública un nuevo anuncio de entregas a cuenta para el presente ejercicio. Sin embargo, lo único que hizo el Gobierno fue prorrogar las entregas de 2019.
Es decir, hoy por hoy, los gobiernos regionales siguen sin conocer el dinero que obtendrán en 2020 a través del sistema de financiación, que representa la mayoría de sus recursos, de modo que están gestionando sus cuentas públicas a ciegas, con toda la incertidumbre e inseguridad que ello supone. La ministra dice que no dará a conocer la cifras definitivas hasta que comience la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020, cuya fecha todavía se desconoce.
6. Negociación "bilateral" con Cataluña
Otro palo a las autonomías del régimen común es la mesa bilateral que ha establecido el Gobierno de Sánchez con la Generalidad de Cataluña, ya que, entre otras muchas cuestiones, además de comprometer la inyección de más de 4.000 millones de euros a esta región para tratar de enterrar el hacha de guerra, todo indica que pretende negociar por la puerta de atrás un nuevo modelo de financiación autonómica.
7. Y abre la puerta al "déficit asimétrico"
Y, por último, aunque no menos importante, Montero dejó caer durante la celebración del CPFF la posibilidad de establecer objetivos de déficit diferenciados entre las CCAA, tal y como en su día hizo Montoro. Esta medida no sólo castigaría a las regiones más responsables y serias a nivel presupuestario y económico, sino que premiaría a las más derrochadoras, generando con ello graves y muy importantes incentivos perversos en materia financiera.