"Los ricos", "los que más ganan", "las grandes empresas"… PSOE y Podemos se vanaglorian de que su programa económico tiene como víctimas a las rentas altas y los grandes capitales, aunque lo cierto es que Sánchez e Iglesias están dando forma a una serie de medidas que nada tienen que ver con estos acaudalados objetivos. La subida del IRPF a partir de los 130.000 euros, la tasa a las tecnológicas o un tipo de Sociedades específico para banca y petroleras han sido los puntos más publicitados por ambos partidos debido a que atacan a sus históricos enemigos –los ricos–. Pero no son los únicos.
Y es que la lista de medidas que, de aplicarse, recaerán de inmediato sobre los bolsillos de los que menos ganan en nuestro país cada vez es más larga. Además, el efecto de otras de las propuestas, como la subida del SMI, puede poner en peligro los empleos de los agricultores o de los empleados domésticos, que son de los sectores peor remunerados del mercado de trabajo. Precisamente los colectivos a los que PSOE y Podemos pretenden proteger. Algunas de las propuestas no estaban incluidas en el programa, pero los miembros de estas formaciones políticas las han ido deslizando en las últimas semanas, otras sí. Estas son las principales.
Los billetes de avión
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se ha apuntado a la guerra ecologista al avión y plantea imponer nuevos impuestos o tasas para los osados viajeros. Ribera justificó su propuesta asegurando que los pasajeros de avión son "aquellos que tienen más recursos" o los que usan "billetes sufragados por la empresa", lo que desató la ira del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que desmintió que volar sea "de ricos". Javier Gándara recordó que "el avión no es un transporte de ricos en la actualidad. Si hoy tiene algo la aviación es que está totalmente democratizada. Hace 25 años era un lujo que no estaba al alcance de todos".
En Libre Mercado ya hemos publicado la cifras que desmontan el razonamiento que hace la ministra para subir impuestos a los ciudadanos que viajan en avión, precisamente, porque la mayor parte de los viajes que se dan en nuestro país se realizan en compañías low cost. Es gracias a estas aerolíneas por las que las rentas más humildes de nuestro territorio pueden permitirse viajar. Y por tanto, serán ellas más más perjudicadas si Ribera les incrementa la fiscalidad. Además de las tasas aeroportuarias, los vuelos nacionales también pagan IVA.
Impuestos al diésel
La subida del diésel ha sido una de las más polémicas dentro de la lista de impuestos que planteó Pedro Sánchez desde que llegara al Ejecutivo, tras la moción de censura. Hasta Podemos se mostró en un principio en contra de subir la tributación de estos carburantes porque afectaba directamente a todos los consumidores, independientemente de su renta.
Pero Sánchez sigue empeñado en equiparar la fiscalidad de este carburante con los precios de la gasolina, lo que afectará a 13 millones de conductores. Así, lo ha confirmado la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien llegó a animar a "contribuir" a los conductores en una reciente entrevista en La Sexta. "Lo que hacemos básicamente es quitar la bonificación del diésel con respecto a la gasolina. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena", dijo.
Sobré cómo afectará la subida fiscal de este combustible en el bolsillo de los consumidores, Hacienda calcula que será de 3,8 céntimos por litro. Así, para un conductor medio, el que hace al año unos 15.000 kilómetros, repostar le saldrá unos 3 euros al mes más caro (36 euros más al año), según el departamento de María Jesús Montero. Sin embargo, si se toma como referencia una estimación de la Airef, este palo fiscal ascendería a algo más de 100 euros al año de media por conductor.
Impuestos al coche
Y si esto fuera poco, Hacienda también está estudiando subir los impuestos de matriculación y de circulación para gravar más a los vehículos antiguos y, por ende, más contaminantes. Así lo recoge el borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Por tanto, Hacienda tendrá que acordar con las entidades locales, encargadas de su recaudación, el nuevo cambio de criterio.
Llama la atención que los dueños de los vehículos más antiguos, que son precisamente las rentas más bajas y los que tienen mayores dificultades para comprar un coche nuevo, sean los más perjudicados por esta medida. Esta realidad contradice los principios de justicia social que tanto se esfuerzan en proclamar estos partidos.
Además, PSOE y Podemos pretenden que todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones para que los coches contaminantes (o antiguos) no puedan circular, al igual que han hecho Madrid o Barcelona. .
Peajes de las autovías
Como estamos viendo, los conductores van a ser uno de los colectivos más perjudicados por las medidas de PSOE y Podemos. En muchos casos, estas formaciones políticas respaldan sus actuaciones anticoche en la defensa del medio ambiente. Los peajes en las autovías son otro ejemplo.
Sánchez e Iglesias han suscrito en su acuerdo de Gobierno "revisar el modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad encaminado a garantizar la sostenibilidad y el uso eficiente". Aunque en este punto no mencionan directamente a las autovías, en la anterior legislatura, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, abrió el debate de empezar a cobrar un precio "simbólico" por el uso de las autovías no concesionadas, por lo que esta parte del texto sería una forma abrir la puerta al cobro. "Es la única infraestructura en materia de transportes en la que el usuario no abona nada, salvo las concesionadas", aseguró entonces Ábalos generando una gran polémica que le obligó a suavizar el mensaje días después. Ahora, podrían retomar su idea.
La comida basura
El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, va a liderar la guerra a la comida basura. PSOE y Podemos incluyeron en el pacto de Gobierno "reducir el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares".
El nuevo ministro ha confirmado sus intenciones de elevar los impuestos a esta categoría de productos, y una de las posibilidades que baraja es incrementar su IVA del 10% al 21%. Esta posibilidad ha alarmado al sector de la alimentación, que no ha dudado en señalar que tendría "un carácter recaudatorio que solo tiene como efecto disminuir la renta de los ciudadanos, especialmente a los de rentas más desfavorecidas".
Y ahora, ¿los productos frescos?
La guerra entre los agricultores y los supermercados por los precios que se pagan en origen podría cobrarse nuevos damnificados: los clientes de los establecimientos. Partidos como Podemos plantean solucionar el problema imponiendo precios mínimos a los productos que salen del campo, lo que supondría un sobrecoste en la cadena de valor que podría verse repercutido en el consumidor. El PSOE, de momento, no parece dispuesto a aceptar esta idea tan contundente, aunque Pedro Sánchez hizo el pasado miércoles unas polémicas declaraciones, que han encendido al sector de la distribución. "Es inaceptable que los precios bajen y bajen", señaló, mientras pedía a los supermercados que hicieran "autocrítica". En una línea similar ha ido el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien se ha mostrado preocupado por la "espiral de rebajas" de los alimentos en las tiendas. Entonces, ¿la intención del Gobierno es recortar las rebajas y promociones en el super? Si esto sucede, el bolsillo de los consumidores será el primero en sufrirlo.
El SMI y los más desfavorecidos
El Gobierno ha aprobado una subida del SMI a 950 euros a pesar de los cuestionables efectos que provocó su pasado incremento a 900 euros. Por ejemplo, la agricultura y el empleo doméstico han perdido 60.000 empleos en el último año, y este incremento de costes para el empleador podría estar detrás. Hasta el propio socialista Guillermo Fernández Vara lo ha reconocido. En estos sectores se encuentran los empleados que menos cobran y serán los primeros en pasar a engrosar las listas del paro si el empresario considera que no puede asumir el coste del salario que el Gobierno le está imponiendo o bien, que puede contratar a un empleado con mayor cualificación para ese puesto por ese precio. El SMI tiene un efecto perverso entre los más vulnerables y ahora, con los 950 euros aprobados, nada hace presagiar que será diferente.