La paradoja de España es, para muchos inversores, que gozamos de un clima casi paradisíaco en buena parte de nuestro territorio nacional, pero en lo que se refiere al tratamiento fiscal de propios y extraños somos algo más parecido a un infierno que a un paraíso.
En Libre Mercado hemos dado buena cuenta de cómo muchos inversores, particulares, empresas y fortunas están mirando con cada vez más interés países como Irlanda o Portugal para establecer su residencia fiscal y evitar así que el Fisco español los masacre a impuestos.
Una de las últimas voces de alarma que se han alzado es la de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). La Aedaf avisó recientemente de que se están disparando las consultas entre los asesores fiscales para trasladarse al extranjero por parte de determinados perfiles de contribuyentes. Reino Unido y Portugal son los países por los que más están preguntando, confesaban.
Precisamente, la opción lusa es la elegida en muchos casos por el Régimen de los Residentes no Habituales que han establecido nuestros vecinos ibéricos y que ya se conoce como una visa dorada para grandes patrimonios. Un régimen que ofrece seguridad jurídica, estabilidad política y ventajas fiscales que hacen este destino muy atractivo para grandes contribuyentes españoles que ven cómo el pacto PSOE-Podemos amenaza con confiscar la mayor parte de su actividad y poder adquisitivo.
Recordemos que la Hacienda Pública en España, entre cotizaciones, impuestos directos e impuestos indirectos ya confisca actualmente el 50% del poder adquisitivo de las rentas más bajas (los llamados mileuristas). En el caso de las rentas que superan los 60.000 euros brutos anuales, la cosa es todavía peor.
A esta situación se le suma el nuevo catálogo de impuestos que prepara el Gobierno social-comunista para poder poner en marcha los incrementos de gasto previstos. Hablamos de nuevos impuestos como la tasa a las transacciones financieras, los impuestos especiales a la banca, el impuesto digital, las revisiones de IRPF, IVA e indirectos, o actuaciones como las revisiones catastrales.
Ante este panorama, las consultas a los despachos especializados se han disparado preguntando por la posibilidad de trasladar su residencia fiscal a algún país cercano cuyo tratamiento fiscal sea menos abrasivo que el español.
Ahora, según publica el Economista, es el Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, el que está tratando de frenar esa sangría e investigando a aquellos contribuyentes que ya han sacado su residencia fiscal de España camino de Portugal.
Y es que las herramientas de las que dota la Agencia Tributaria para evitar estas salidas son múltiples. Ya no es suficiente con que pases la mitad del año o el año entero en Portugal para que el fisco español te considere legalmente establecido en el extranjero. Ahora, con el artículo 9 de la Ley de IRPF puede considerar que sigues siendo residente español si mantener en España el "centro de intereses económicos", explica un experto fiscalista a el Economista.
No en vano, la excusa del Gobierno es que quieren estudiar las rentas que se trasladan al país vecino para determinar si los capitales fugados se han obtenido de manera irregular o sin fiscalizar o si el dinero procede de actividades delictivas. Pero lo cierto es que este aviso trata de frenar la previsible sangría de rentas a países vecinos, sean estas obtenidas de manera legal o ilegal.