La Justicia lenta no es Justicia. Lo dice el refranero popular y, probablemente, la creencia la comparte buena parte de la ciudadanía, especialmente aquellas personas que, de forma cotidiana, deben acudir a los tribunales en busca de seguridad jurídica y amparo legal. Pero, ¿es cierto que nuestro sistema judicial ha cambiado a peor en materia de productividad o eficiencia? ¿O estamos solamente ante un lamento que, si bien está justificado, no implica que se haya producido un deterioro respecto a épocas anteriores?
Los datos del Consejo General del Poder Judicial son demoledores. Lejos de desmentir este relato, arrojan un panorama francamente mejorable en lo tocante a los tiempos de la Justicia española. Al comienzo de 2018, el sistema seguía teniendo pendientes de resolución un total de 2,4 millones de casos. A esta cifra se le sumaron otros 6 millones de expedientes a lo largo del curso, de modo que el saldo final ascendía a 8,4 millones de asuntos pendientes de ser tratados.
La productividad de los juzgados a la hora de resolver los asuntos que reciben en primera instancia varía mucho dependiendo de la rama estudiada. Por ejemplo, con datos del CGPJ para 2018, vemos que, en los juzgados de lo mercantil, solo el 46% de los asuntos terminaron vistos para sentencia en esa primera instancia, mientras que en los de familia se alcanzaron porcentajes del 70%.
En el caso de las empresas, la evolución ha sido muy preocupante, puesto que el "atasco" medio en los juzgados de lo mercantil ha elevado estas cifras de 8,6 a 17,1 meses durante la última década (2008-2017). Esto implica duplicar los tiempos de espera asociados a la litigiosidad empresarial, en un periodo en el que, en efecto, se ha producido una profunda crisis económica (2008-2013), pero también una fuerte recuperación (2014-2017) que no evitó la evolución al alza de este indicador.
La financiación, por encima de la media europea
¿Se explica esta sobrecarga por una infradotación presupuestaria de la Justicia? Si repasamos los datos disponibles, no parece que tal explicación tenga sentido. De hecho, las cifras disponibles acreditan que los desembolsos per cápita en esta materia son mayores que el promedio comunitario, a pesar de lo cual nuestros juzgados se comparan desfavorablemente frente al resto de países de nuestro entorno.
Si atendemos a los Presupuestos Generales del Estado, encontramos que la Administración de Justicia recibió en 2018 una asignación de 1.726 millones de euros. No obstante, los datos que ofrece el Consejo de Europa son más completos, puesto que también desglosan los desembolsos autonómicos en esta materia y otros costes vitales para el funcionamiento de los juzgados.
Así, a través de dicho organismo podemos constatar que el gasto total en materia de Justicia llega a 3.678 millones. Esta cifra supone alrededor de 80 euros por ciudadano, por encima de los 72 euros que, de media, supone el gasto en juzgados y tribunales de los veintiocho países miembros de la Unión Europea.