Aun cuando España cerró 2019 con el menor aumento de la ocupación desde 2014 y la menor reducción del paro desde 2013, la evolución del empleo no fue igual en todas las regiones: Así, mientras Cataluña, Andalucía y, sobre todo, Madrid lideraron la creación de empleo, en Extremadura y Castilla-La Mancha hubo una destrucción neta de puestos de trabajo.
Hasta un dirigente tan poco sospechoso de animadversión ideológica a la fijación de un salario mínimo por debajo del cual nadie pueda ser contratado –o seguir estándolo legalmente– como el presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha vinculado el incremento del paro en su región a la demagógica y contraproducente medida del anterior Gobierno de Pedro Sánchez de subir hasta los 900 euros el salario mínimo interprofesional (SMI). Y es que, aunque se presente como un "partidario genérico" del salario mínimo, el dirigente socialista ve que el impacto de la subida no es el mismo en todos "los sectores", por lo que ha exigido una reunión a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que ha pedido a Pedro Sánchez unas "cotizaciones especiales" para regiones como la suya.
Aun cuando el SMI quede por debajo de la mayoría de los salarios que libremente acuerdan empresarios y trabajadores, hay sectores poco intensivos en capital con trabajadores poco cualificados en los que semejante imposición, fijada al margen de la productividad y de la libre concurrencia de la oferta y la demanda de empleo, condena a muchos al paro o a la economía sumergida. Los casos abundan en las explotaciones agrarias y en el sector servicios, especialmente en el ámbito de las empleadas del hogar.
Lo peor de todo es que el Gobierno social-comunista de Pedro Sanchez y Pablo Iglesias no solo no parece que vaya a cuestionarse la subida del año pasado, sino que ya ha anunciado su propósito de volver a subir el SMI hasta los 950 euros, con la vista puesta en llegar a los 1.200 a finales de legislatura.
Decía Ortega y Gasset que toda realidad ignorada prepara su venganza. Pues bien, en este caso la realidad ignorada por el Gobierno populista es que los salarios no pueden ni deben depender de la generosa voluntad del legislador, sino de la libre concurrencia de los que ofrecen y reclaman puestos de trabajo. La venganza de esta realidad ignorada y de la usurpación por parte del Estado del derecho de cada trabajador a fijar su propio salario mínimo no es otra que el incremento del paro y de la economía sumergida.