Aunque la conformación de gobierno de España ha puesto de manifiesto que el PSOE llevará la batuta del nuevo Ejecutivo y Podemos jugará un rol secundario, el papel de los comunistas en el Consejo de Ministros sigue resultando un factor de preocupación para empresarios e inversores, especialmente en lo tocante al mercado de trabajo.
La ministra del ramo, Yolanda Díaz, tiene claro que será complicado derogar la reforma laboral de 2012, de modo que ya ha empezado a repetir que el objetivo inicial será replegar sus "aspectos más lesivos", una coletilla que ya venía enarbolando el PSOE para justificar el mantenimiento de la reforma del PP tras un año y medio de gobierno de Pedro Sánchez.
Esto no significa que Díaz no vaya a tomar medidas contundentes en otros campos. Por ejemplo, ya ha trascendido que su intención es darle mucho más poder a la Inspección de Trabajo, con la que pretende lanzar todo tipo de campañas orientadas a sancionar a las empresas por cualquier tipo de incumplimiento en áreas como el control de horarios, la contratación temporal o la situación de ciertos autónomos, pero también en base a criterios como la igualdad de género.
Pero, además de estas líneas de actuación, también preocupan los primeros nombramientos. Y es que Díaz ha elegido como su número dos a Joaquín Pérez Rey, un profesor universitario muy cercano a Podemos que, además, tiene una estrecha relación con los sindicatos. Su nombramiento como Secretario de Estado de Trabajo le obligará a abandonar la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ejercía como profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
La figura de Pérez Rey estuvo presente en un grupo de trabajo nombrado por el gobierno popular de Mariano Rajoy. Bajo la tutela de Fátima Báñez, el número dos de Yolanda Díaz se encargó de explorar las consecuencias para las empresas y los trabajadores de nuestro país de los distintos dictámenes emitidos en materia laboral por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ahora, su nuevo cargo le convertirá en un interlocutor clave de los agentes sociales, es decir, de sindicatos y patronal. En la pasada legislatura, tales relaciones vivieron dos grandes puntos de fricción: la subida del salario mínimo, que aumentó un 22% entre 2018 y 2019, y la implantación del control de horarios, de gran complejidad organizativa y logística. Pero Pérez Rey no pondrá fácil el trato con los empresarios, a quienes califica como "una apisonadora de derechos".
En sus artículos, Pérez Rey ha criticado la "mochila austriaca" que defiende el PSOE ("los socialistas insisten en su giro hacia posiciones conservadores") y ha sido especialmente duro en su rechazo de la reforma laboral ("seguimos teniendo el marco institucional de degradación de derechos que fue impuesto de manera excepcional y violenta en las reformas de 2010-2012").