Que María Jesús Montero vaya a quedarse con los 2.500 millones de euros que el Estado debe a las CCAA por el IVA mal contabilizado de 2017 es un abuso intolerable y hasta perseguible. Lejos de poner sordina sobre semejante tropelía, la ministra de Hacienda tuvo la desfachatez el pasado martes, tras el Consejo de Ministros, de decir que piensa apropiarse de ese dinero porque se les ha pasado el plazo de devolución. Parece que los delitos de los socialistas prescriben muy pronto. El reembolso de la liquidación del IVA "correspondía en el 2019, porque el sistema tiene dos años de reparación"; pero como las fuerzas parlamentarias tumbaron los Presupuestos socialistas, "decayó la medida", dijo Montero sin vergüenza, que culpó al PP de que los territorios en los que gobierna todavía no hayan cobrado lo que se les debe.
El argumentario de Montero no es más que una patraña, pues cuando pudo pagar no quiso hacerlo. En 2019 era ella la que tenía la llave de la caja del Estado, como ministra de Hacienda (qué increíble sigue sonando). Pero prefirió chantajear a las regiones del PP prometiendo abonar lo adeudado a cambio de que le dieran el visto bueno a sus cuentas. El caso es que nadie en su sano juicio aceptaría unos Presupuestos tan incumplibles, electoralistas y temerarios. Estas cuentas se alejaban tanto del 1,3% del déficit comprometido con Bruselas que hasta podrían alcanzar el 2,5% en 2019, según algunos organismos.
A Montero el saneamiento de las cuentas públicas no le preocupa en absoluto. Su venganza será terrible: se quedará con esos 2.500 millones y aducirá que su Ejecutivo no tenía potestad para realizar el pago, al encontrase sin Presupuestos y en funciones. Las regiones del PP no se creyeron la argucia de Montero, ya que había puesto la misma disculpa con los pagos a cuenta y, antes de las elecciones de noviembre –¡qué casualidad!–, había conseguido el visto bueno de la Abogacía del Estado para empezar a pagar a las CCAA. ¿Por qué no hacía lo mismo con lo que les debía legítimamente de IVA? Porque su objetivo era expoliar a las CCAA. así de simple.
Una vez descubierta la trampa, los barones del PP han estallado y amenazado con llevar a Hacienda a los tribunales si sigue insistiendo en quedarse con su dinero –a las autonomías populares les corresponden más de 1.300 millones–. Del "Gobierno moroso" hemos pasado al "Gobierno mentiroso", lamentaban algunos responsables autonómicos, que no tardarán en ver mermada su capacidad para financiar los servicios educativos y sanitarios que demandan sus ciudadanos.
Cuándo comenzarán a sufrir tensiones de tesorería es algo que está por ver, porque el perverso sistema de financiación autonómica adelanta a través de las entregas a cuenta los ingresos que el Gobierno cree que van a obtener las autonomías, ingresos que no tienen que coincidir necesariamente con la realidad. Dos años después se hace una liquidación, y si los ingresos reales son superiores a los presupuestados, el Estado abona a las autonomías la diferencia, y sin son menores –lo normal en periodos de crisis– son las CCAA las que tienen una deuda con el Gobierno central. Gastar a dos años vista incentiva a las autonomías al despilfarro, porque los políticos suelen ser reticentes a respetar el equilibrio presupuestario o a hacer ajustes si el sistema les permite inaugurar obras faraónicas o subvencionar gigantescos entramados públicos.
"En los próximos días", Hacienda va a empezar a repartir 103.000 millones entre las CCAA por las entregas a cuenta de 2020, anuncio que pretende desviar la atención de los 2.500 millones a los que quiere dar carpetazo y que abocan a las autonomías a incumplimientos sistematizados de sus objetivos de déficit para este año. A Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León no les va a quedar otro remedio que ejercer de dique de un Gobierno socialcomunista que les roba con alevosía. Mientras tanto, los barones socialistas callan. Sólo García Page se ha atrevido a alzar la voz y reclamar su parte del IVA. Que se atenga a las consecuencias...