Iberdrola ha presentado ante los Juzgados de Bilbao una nueva querella criminal por un delito de falsedad contra su exdirectivo José Antonio del Olmo como presunto autor del informe publicado en El Confidencial los pasados días 2 y 3 de diciembre, en el que se implicaba a la dirección de la compañía en la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para trabajos de espionaje.
En un comunicado, la energética señala que, tras una investigación interna que ha llevado a cabo su Unidad de Cumplimiento, "el documento no ha sido localizado en los archivos de la compañía", y su presunto autor, "que no ha colaborado en ningún momento en el esclarecimiento de los hechos, a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para ello, no ha reconocido ni su redacción ni su emisión".
Además, afirma que "sus potenciales receptores, como han declarado ante la citada Unidad de Cumplimiento, tampoco han tenido conocimiento del mismo, y de haberlo tenido, habrían tomado las acciones oportunas".
El grupo añade que dicho informe incluye un dictamen pericial "que ha detectado aparentes incongruencias en sus páginas, no descartándose que haya podido ser objeto de algún tipo de composición".
Esta querella se suma a la que Iberdrola interpuso el pasado 19 de diciembre contra el propio José Antonio del Olmo, que ocupó el cargo de director de Funciones Corporativas dentro de la Dirección de Administración General y Corporación, por injurias y calumnias graves cometidas con publicidad por parte Pablo Insunza Gaminde.
También el pasado mes de diciembre Iberdrola decidió iniciar acciones penales contra el propio Del Olmo y remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en el que se solicitaba la apertura de diligencias contra él por los delitos que se desprendan de la investigación del fiscal, pero que la empresa consideraba susceptibles de ser calificados "como falsedad documental, injurias y calumnias".
Ejercerá todas las acciones legales requeridas
Iberdrola añade que también ha tenido conocimiento de que Del Olmo ha sido llamado a declarar en condición de testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Ante esta situación, la compañía manifiesta que ejercerá "todas aquellas acciones legales que de dicha declaración se desprendan en orden a salvaguardar su reputación y buen nombre".