La nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su formación política, Podemos, defienden un replanteamiento de los distintos esquemas de cobertura por desempleo. Según explicó Manuel Llamas en este diario, el objetivo último de la política gallega y del partido comunista es "elevar la cuantía y duración de las prestaciones" y "extender su cobro a una parte creciente de la población".
Para hacerlo, la nueva responsable de Trabajo llevó al Congreso una propuesta que se discutió durante el primer semestre de 2018 y que reapareció posteriormente en los programas y debates electorales que rodearon a los distintos comicios celebrados en 2019. La iniciativa incluía todo tipo de medidas encaminadas a elevar la generosidad de las ayudas que perciben los parados, articuladas a través de distintas revisiones al alza de las reglas de acceso a dichas prestaciones.
Sin embargo, la evidencia empírica reciente nos dice que este tipo de medidas camina en la dirección opuesta a lo que necesita España. De hecho, un influyente artículo de investigación firmado por las profesoras Rebollo-Sanz y Rodríguez-Planas ha puesto de manifiesto que recortar la generosidad del paro tiene efectos positivos para el empleo.
Las cifras que lo demuestran
La conclusión de la investigación desempeñada por ambas economistas es clara: endureciendo las condiciones de acceso a dicho subsidio se alteran los incentivos de quienes lo perciben y se les anima a ser mucho más efectivos en el proceso de búsqueda de empleo, lo que en última instancia genera mejores resultados y ayuda a reducir el paro con mayor intensidad.
Rebollo-Sanz y Rodríguez-Planas han medido esta cuestión con datos anteriores y posteriores a la modificación anunciada a mediados de 2012, cuando se acordó que quienes están parados por más de seis meses pasen de cobrar una ayuda equivalente al 60% de la base reguladora del salario a percibir un monto correspondiente al 50% de dicha referencia.
Según la investigación de ambas economistas, la duración mediana del paro bajó en seis semanas (un 14% menos) y la probabilidad de que quienes cumplían más de seis meses sin trabajar encontrasen empleo aumentó un 41%. En clave fiscal, Rebollo-Sanz y Rodríguez-Planas encontraron que el gasto medio por parado se redujo un 16% con la introducción de esta nueva medida.
Todos esos avances pueden irse al traste en caso de que prosperen los planes de Yolanda Díaz, cuya agenda en materia de empleo pasa por revertir las modificaciones adoptadas en 2012 y crear reglas incluso más generosas que las existentes hasta entonces. No obstante, la materialización de sus planes dependerá del visto bueno del Consejo de Ministros, donde la figura de Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía, o José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, puede ser vital para suavizar o neutralizar estas pretensiones.