Los consejeros de Hacienda de las comunidades en las que gobierna el Partido Popular han tenido este viernes una cita en Génova para diseñar el "dique de contención" que pretenden ejercer en materia económica frente al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Un encuentro en el que se estrenaba la nueva vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, y tras el cual ha comparecido Teodoro García Egea. "Creemos que es intolerable que la ministra de Hacienda lleve mas de un año sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha comenzado criticando el número dos del PP.
En la cita, los consejeros han acordado mantener una misma estrategia conjunta para defender la bajada de impuestos frente a las subidas que preparan podemitas y socialistas. A la reunión han asistido el titular de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Férnandez Lasquetty; el de Murcia, Javier Celdrán ; el de Galicia, Valeriano Martínez García ; el de Andalucía, Juan Bravo; el de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y el ceutí Alberto Gaitán.
"Nosotros vamos a seguir bajando los impuestos", ha anunciado García Egea para después sentenciar que "ni Sánchez, ni Montero, ni la presión de Podemos van a hacer que el PP se plantee siquiera su posición sobre los impuestos. Si la izquierda quiere subir los impuestos que lo haga y lo explique pero nosotros seguiremos bajándolos".
Sánchez pone en riesgo los servicios públicos
"Defendemos la libertad económica, tenemos más experiencia y gobernamos sobre más personas que otros partidos", ha asegurado Egea que ha exigido al Gobierno que comunique de forma inmediata las entradas a cuenta de las comunidades correspondientes al último ejercicio ya que considera que "si el Gobierno central no paga lo que debe puede poner en riesgo los servicios públicos".
"Parece que Sánchez prefiere gastarse el dinero en sus pactos con Podemos antes que en sanidad y en educación. En pagar su acuerdo antes que en otros servicios básicos", ha afeado al presidente del Gobierno.
Desde el PP sentencian que no van a permitir que el nuevo Ejecutivo intente anular la autonomía financiera de las comunidades, amparada en la Constitución y avisan: "El Gobierno no puede obligar a las comunidades a subir los impuestos. Es un ataque a la autonomía financiera que viene amparada en la Constitución".