España cuenta con una de las prestaciones de desempleo más elevadas y laxas de la zona euro, tanto por su cuantía y duración efectiva como por su escasa condicionalidad. Sin embargo, la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lejos de reformar el actual modelo para impulsar la empleabilidad de los parados, facilitando con ello su reincorporación al mercado laboral, pretende justo lo contrario, hasta el punto de convertirlos en una nueva especie de rentistas a costa del erario público.
El proyecto que defiende su partido consiste en elevar la cuantía y duración de las prestaciones, así como extender su cobro a una creciente parte de la población reduciendo los requisitos necesarios para su acceso, al tiempo que se reducen de forma sustancial las condiciones aparejadas para el mantenimiento de la prestación, como, por ejemplo, la búsqueda o aceptación de un empleo.
El acuerdo de gobierno suscrito por PSOE y Podemos incluye en uno de sus puntos lo siguiente: "Mejoraremos el sistema de protección por desempleo mediante una reordenación y simplificación que refuerce la protección de las personas desempleadas que lo necesiten". Este precepto está pendiente de desarrollo, pero tanto Podemos como la propia ministra de Trabajo ya tienen un proyecto sobre el que trabajar, dado que presentaron su particular propuesta en el Congreso en la primera mitad de 2018 y, de hecho, esta iniciativa fue liderada por la actual ministra.
Entre otras medidas, el partido de Pablo Iglesias apuesta por incluir las horas extraordinarias en el cómputo de la base reguladora, que se utiliza para el cálculo de la prestación, y que la cuantía a percibir sea del 70% de dicha base desde el primer día (frente al 50% actual a partir de los seis meses). La cuantía máxima sería del 195% del indicador público de rentas múltiples (Iprem), frente al 175% actual, salvo cuando el beneficiario tenga uno o más hijos/as a su cargo, en cuyo caso la cuantía sería, respectivamente, del 220% o del 245%, por encima del 200% y 225% vigente. La cuantía mínima, por su parte, sería del 127% o del 100% del Iprem, según tenga o no, respectivamente, uno o más hijos/as a su cargo, frente al 107% y el 80% actuales.
En cuanto a la duración, Podemos defiende que se elimine la actual división por tramos en función del tiempo trabajado y que sea sustituido por una duración proporcional de un tercio de la ocupación cotizada, de modo que si el beneficiario ha cotizado tres años y seis meses tenga derecho a prestación durante un año y dos meses, con un máximo de 720 días (dos años). La excepción es que, en el caso de los menores de 30 años, bastaría con cotizar 180 días para acceder a prestación, frente al principio general de 360.
Además, en el concepto de "ocupación cotizada", el citado proyecto incluye, en todo caso, las partes proporcionales de descanso semanal, festivos y vacaciones, al tiempo que se computan las cotizaciones que, aunque hayan servido para el disfrute de periodos de desempleo, quedaron sin aplicación total cuando éstos no se agotaron. De este modo, Podemos pretende alargar la duración de las prestaciones, a pesar de que disminuye el tiempo efectivo de trabajo necesario para acumular las cotizaciones correspondientes.
Cobro incondicional de la prestación
Asimismo, el proyecto de ley elaborado por Podemos reduce a la mínima expresión las condiciones que exige la actual normativa para mantener la prestación. Así, por ejemplo, atenúa la necesidad de formarse y buscar activamente empleo para poder seguir cobrando el paro. Según aclara el proyecto, "no debe admitirse que la activación de la prestación pueda suponer un cambio en la concepción del derecho según la cual el beneficiario pasaría, de ser un perceptor de rentas a cargo del Estado en virtud de cotizaciones previas, con derechos claros y automáticos, a ser protegido sólo en tanto sea un buscador activo de empleo".
Igualmente, modifica el concepto de "ocupación adecuada" por el que, a partir de un año de la percepción ininterrumpida de las prestaciones, el Servicio Público de Empleo tiene un amplio margen para ofrecer al beneficiario los empleos que considere adecuados, sin posibilidad de que éste pueda rechazarlos, pues basta con que reúna las reúna aptitudes formativas necesarias para desempeñar el nuevo trabajo.
La propuesta de Podemos, por el contrario, define "colocación adecuada" como "la coincidente con la última actividad laboral desempeñada siempre que su duración hubiese sido igual o superior a tres meses". Además, "se entenderá adecuada cuando se ofrezca en la localidad de residencia habitual del trabajador o en otra localidad situada en un radio inferior a 30 kilómetros desde la localidad de la residencia habitual, salvo que el trabajador acredite que el tiempo mínimo para el desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25 por ciento de la duración de la jornada diaria de trabajo, o que el coste del desplazamiento supone un gasto superior al 20 por ciento del salario mensual".
También se tendrá en cuenta la duración del trabajo, indefinida o temporal, o de la jornada de trabajo, a tiempo completo o parcial. Y, en todo caso, el sueldo del puesto ofrecido no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional, una vez descontados los gastos de desplazamiento, ni "a la cuantía de la prestación que esté percibiendo el trabajador".