Ser de izquierdas no necesariamente implica repudiar la consistencia lógica de los programas políticos. Así, se puede ser de izquierdas y defender un estado del bienestar muy generoso que abarque la mayor parte de las necesidades materiales asociadas a la existencia humana. E igualmente se puede ser de izquierdas y postular un marco jurídico en extremo laxo con respecto a la inmigración que, en el extremo ideal, se tradujese en la apertura indiscriminada de las vallas de las fronteras nacionales a cuantos extranjeros deseasen instalarse en el país. Lo que no se puede hacer, sin embargo, es defender esos dos principios a la vez. Y no se puede porque la lógica implacable por la que se rige la realidad los ha demostrado incompatibles entre sí. Por eso resulta tan sorprendente, o al menos a mí me lo resulta, que un Gobierno que se percibe como el más a la izquierda desde la Transición haya planteado ya de forma expresa el propósito de volver a fomentar la acogida masiva de trabajadores extranjeros en nuestro país, esta vez con el propósito declarado, según acaba de manifestar el ministro de la Seguridad Social, de hacer sostenible el sistema de pensiones. Volver a fomentar la inmigración poco cualificada hacia España de trabajadores procedentes de países en desarrollo, el afán del ministro, podrá hacer que muchos de nuestros compatriotas, tanto de izquierdas como de derechas, se sientan moralmente mejores. Seguro que sí. Pero supondrá una pesada losa para la viabilidad futura de nuestro Estado del Bienestar.
Algo que debiera empezar a preocuparnos ya a todos los que lo defendemos. Un Estado del Bienestar, por cierto, que también incluye a las pensiones públicas. Tan popular entre los periodistas, el flamante nuevo ministro de la Seguridad Social es uno de esos tecnócratas obsesionados con la contabilidad que no reparan nunca en la obviedad de que las pensiones de los mayores, sea cual sea el sistema por el que se rijan, igual el de reparto que el de capitalización, siempre las pagan los jóvenes en edad de trabajar con el fruto de su labor productiva presente. Dicho de otro modo, el monto de las pensiones de los jubilados depende del sueldo que cobraban los mayores en su día, pero su materialización, ya sea vía cotizaciones o vía participación en los beneficios empresariales, siempre depende del valor del trabajo que realizan los activos hoy. En consecuencia, si los jóvenes en edad de trabajar producen poco, los mayores en edad de ya no trabajar recibirán poco. Y eso, insisto, con independencia de las características técnicas del sistema de pensiones. Y resulta que el perfil profesional y educativo dominante entre la inmigración que atrae España está fatalmente asociado a la baja productividad crónica. Muy baja.
Y eso no es discutible porque es un dato. Y los datos no se discuten. Como país, pues, podemos abrir de nuevo las fronteras de par en par a los inmigrantes, tal como hicieron Aznar y Zapatero, para sentirnos más buenos y generosos cuando nos miremos por las mañanas en el espejo del cuarto de baño. Pero esos nuevos inmigrantes, como ya ocurre con los que les precedieron antes, no van a pagar nuestras pensiones. Y no las van a pagar por la muy sencilla y palmaria razón de que no van a poder producir lo suficiente como disponer de la capacidad efectiva de pagarlas. España, en el mejor y más infrecuente de los casos, importa mileuristas de los países subdesarrollados. Y un mileurista no puede pagar la pensión de nadie con sus cotizaciones porque ni siquiera puede pagar la suya propia. Está calculado. Un mileurista es alguien que aporta a la Seguridad Social unos 136.000 euros a lo largo de toda su vida laboral y que, una vez jubilado, recibirá de ella unos 220.000 euros antes de morir. ¿Y esa es la solución que el Gobierno de progreso tiene prevista para resolver el problema de las pensiones en España? ¿Importar, en el mejor de los casos, a millones de mileuristas del mundo subdesarrollado? Cráneos privilegiados.