Cinco de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid funcionan bajo un sistema de gestión privada. Es el caso de centros como Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y Torrejón. Esta fórmula fue diseñada hace más de veinte años, con la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
El primer hospital operado bajo el paraguas de dicha norma fue el Hospital Universitario de La Ribera, inaugurado en el año 2000 y ubicado en la localidad valenciana de Alcira. Posteriormente, la Comunidad de Madrid empezó a desarrollar este tipo de acuerdos, en el marco de las políticas liberales impulsadas por Esperanza Aguirre.
Sin embargo, el modelo liberal madrileño está en peligro. La amenaza no vendrá de la política autonómica, donde PP, Cs y Vox están de acuerdo en mantener o profundizar las políticas que introdujo Aguirre. En realidad, la amenaza está en el nuevo gobierno de España, conformado por PSOE y Podemos.
Ambas formaciones llevan años reivindicando la "armonización" de la política tributaria autonómica para impedir que Madrid baje los impuestos. Sin embargo, el pacto de investidura suscrito por los dos partidos también introduce una cláusula dirigida a frenar la gestión privada de hospitales públicos.
Pistas en el pacto y el discurso de investidura
Para ser precisos, PSOE y Podemos hablan de "avanzar en el blindaje de nuestro sistema público de salud" y plantean la meta explícita de "apostar por una sanidad que se base en la gestión pública directa". Los dos partidos han planteado ya su voluntad de modificar la Ley 15/1997 en su primer año de gobierno para restringir o anular el papel empresarial en la gestión de hospitales públicos.
Pedro Sánchez dio voz a este discurso cuando afirmó en el debate de investidura que "el mercado no puede gestionar áreas como la educación, la salud o la seguridad". La evidencia empírica sugiere todo lo contrario: en los tres campos citados por Sánchez hay múltiples ejemplos de empresas que prestan tales servicios.
No solo eso: si nos ceñimos al campo de la educación o la sanidad, donde existe una cierta competencia entre el modelo público y los sistemas concertados o privados, lo cierto es que los indicadores de coste y de calidad tienden a respaldar el papel de las empresas en dichos mercados, puesto que sus servicios son menos costosos y arrojan mejores resultados.
Ese es precisamente el caso de los hospitales madrileños, donde por ejemplo vemos que la espera media para ser operado es menor en los centros de gestión privada o que la operativa de los quirófanos es también más eficiente. También destacan dichos hospitales por su excelencia en la atención al paciente o por su liderazgo en los rankings de calidad. Y todo en un marco de plena legalidad, como refrendó en 2015 una histórica sentencia del Tribunal Constitucional.
Resulta llamativo que el PSOE haya suscrito un punto así, puesto que su modelo de referencia fue siempre el de Andalucía, región donde hay al menos diecisiete hospitales con gestión privada. Y también es curioso que los socialistas no hayan tomado nota del informe que encargó su líder valenciano, Ximo Puig, al Tribunal de Cuentas de la región mediterránea, en el que se confirmó que el sobrecoste de la sanidad gestionada por el Estado ronda el 30%.
Nada de esto parece preocupar a los socialistas, que han acordado con Podemos un ataque frontal a este tipo de fórmulas. Pero el "exprópiese" aplicado a estos centros no podrá ser inmediato. No en vano, los contratos de concesión siguen en pie y una eventual liquidación de los mismos resultaría en todo tipo de litigios y controversias legales. Por otro lado, el colapso de la sanidad madrileña sería casi inmediato, puesto que las fórmulas de gestión enteramente pública han demostrado ser mucho más costosas y menos eficientes.