El PSOE ha sacado del cajón sus medidas más intervencionistas para pactar con Podemos. Pedro Sánchez ha logrado el apoyo de Pablo Iglesias a cambio de una serie de concesiones en materia económica, que anteriormente había hecho desaparecer de los programas con los que se presentó a las elecciones generales de abril y a las noviembre. Incluso cuando le ofreció a Podemos el pasado mes de septiembre Un Programa Común Progresista para llegar a un acuerdo, las propuestas del PSOE eran más moderadas.
Ahora, en el programa del Gobierno de coalición que firmaron con Podemos el pasado lunes, los socialistas han vuelto a poner en su punto de mira a las socimis, las sicavs o a las rentas de más de 130.000 euros. Acabar de una vez por todas con la reforma laboral o establecer los cambios normativos que permitan fijar topes de precios a los alquileres de vivienda son medidas extremistas que también ha incluido el Ejecutivo de Sánchez. El PSOE ya elaboró con Podemos un texto similar a finales de 2018 para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que contemplaba un sablazo fiscal histórico y otras medidas similares, pero que no prosperó porque el Congreso tumbó los PGE meses después. Fue entonces, cuando el PSOE decidió suavizar sus propuestas económicas, o al menos, dejar de exponerlas públicamente, ya que algunas las mandó a Bruselas, como las del IRPF a las rentas "altas" o la subida del Impuesto de Sociedades.
Quizá para ver si así conseguía atraer el apoyo de otros grupos parlamentarios, el PSOE ha estado jugando al despiste con sus intenciones en materia económica, pero lo que es cierto es que en el programa que ha elaborado con Iglesias ha tenido que recuperar su esencia más radical. Estas son algunas de las concesiones que ha hecho al partido morado y sus respectivas contradicciones.
Fulminará la reforma laboral
Atrás quedó el discurso socialista de que, cuando llegaran al poder, derogarían lo que ellos llamaban "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral. Aunque era una frase ambigua y que no dejaba nada claro cuáles iban a ser esos "aspectos" para el PSOE, este matiz era la única esperanza que le quedaba al mercado laboral español de que Sánchez no eliminaría de forma íntegra e inmediata la reforma de 2012. Hasta la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, había asegurado en alguna ocasión que no veía "productivo" derogar la totalidad de la norma, pero... parece que Iglesias le ha ganado la primera batalla a Calviño. Así, a cambio del apoyo de Podemos, el PSOE no ha dudado en prometer que la fulminará de un plumazo eliminando la puntualización de "los aspectos lesivos".
- Lo que decían en su anterior programa: "Derogaremos los aspectos más lesivos de la reforma laboral e iniciaremos el diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo. Revisaremos la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y los falsos autónomos, así como la regulación del despido y la legislación sobre subcontratación laboral".
- Lo que ha pactado ahora: "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos". Con carácter urgente piensan: derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; derogar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo; derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales; modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros; limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientado al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
Sólo en la Propuesta abierta para un programa común progresista que ofrecieron a Podemos el pasado mes de septiembre incluyeron algunas de esas medidas de carácter "urgente", así como promesas para poner coto a la temporalidad y revisar las causas de despido, que ahora vuelven a recuperar.
Otra medida en materia laboral es el Salario Mínimo (SMI). El PSOE ya se había comprometido a situarlo "al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea", sin especificar año, lo que lo dispararía hasta los 1.200 euros al mes. Ahora, con Podemos, "creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo compuesta por profesionales de reconocido prestigio, académicos y representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará su evolución" para encargarse de fijar este sueldo obligatorio.
Y ni hablar de la mochila austriaca
Aunque el PSOE no había incluido la mochila austriaca en sus anteriores programas económicos, sí la coló en el Plan Nacional de Reformas que envió a Bruselas este año, lo que le costó un duro enfrentamiento con Podemos, que acusó a Calviño de trazar un "plan secreto" para favorecer el "despido gratis". La formación morada lanzó una dura campaña en sus redes sociales cargando contra el PSOE y advirtiendo a sus votantes de que lo que pretendía Sánchez era que "la indemnización por despido improcedente la pagues tú". No es de extrañar que el texto firmado con los de Iglesias no haya ninguna referencia a este sistema de cuentas individuales de ahorro.
Separación entre Seguridad Social y Trabajo
En los anteriores programas del PSOE, las competencias de la Seguridad Social y las del Ministerio de Trabajo nunca estuvieron tan separadas como ahora, lo que haría presagiar que Podemos estaría dando forma a la cartera de peso económico que le va a ceder Sánchez muy pronto: su ansiado Ministerio de Trabajo.
Todo apunta a que el PSOE mantendrá el poder de las pensiones quedándose con la Seguridad Social, y a cargo de los presupuestos de este departamento ha pactado con Podemos desarrollar un "Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social". Comenzarán por "el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos". No han especificado cifra para esta subvención no contributiva.
Fijación de precios del alquiler
La intervención de los precios de los alquileres ha sido una de las grandes medidas estrella de Podemos, aunque el PSOE siempre la ha visto con buenos ojos. Y todo ello a pesar de que uno de sus efectos principales podría ser la disminución de la oferta de pisos en alquiler, ya que desincentiva al propietario a cobrar lo que considera oportuno por su vivienda y favorece la proliferación del mercado negro. En alguna ocasión, los socialistas han incluido la fijación de precios en sus programas, pero se limitaban a hacer una declaración de intenciones para frenar "los precios abusivos". Ahora, con Podemos, ya han elaborado los detalles de cómo piensan intervenir el mercado por la vía legal
- Lo que decían en su anterior programa: "Llevaremos el derecho a la vivienda del plano a la realidad. Impulsaremos una oferta de vivienda de alquiler seguro y estable a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y a los grandes tenedores de vivienda, recuperando la función social de la vivienda, frenando las subidas abusivas de precios y apoyando en particular el acceso de los jóvenes, que recibirán ayudas al alquiler en proporción a su renta".
- Lo que ha pactado ahora: "Frenaremos las subidas abusivas del alquiler. Para ello: se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado; se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está 18 desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica; se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha. Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda. El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas".
Cesiones 'desaparecidas', que vuelven
En el mercado de la vivienda, el PSOE ha acordado con Podemos incrementar también la fiscalidad de las Socimis, las sociedades inmobiliarias más odiadas por los de Iglesias. "Se reformará el régimen jurídico y fiscal de las Socimis, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos", dice ahora su acuerdo, a pesar de que los socialistas habían aparcado sus planes para ellas.
Aunque el Gobierno envió a Bruselas el pasado mes de abril un nuevo Programa de Estabilidad para 2019-2022 en el que prometía una serie de subidas fiscales, como la del IRPF o la de Sociedades, estas no aparecieron en sus programas electorales. Sólo ahora con Podemos, el PSOE vuelve a poner por escrito que piensa aplicar un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones, que subirá al 18% en el caso de los bancos y empresas de hidrocarburos.
Además, también subirá dos puntos el IRPF para las rentas de más de 130.000 euros, y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. Llama la atención que incluya este apartado en el último pacto con Podemos precisamente después de que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hubiera descartado la medida. Las contradicciones en el PSOE han sido constantes.
A pesar de que la izquierda no ha dudado en erigirse enemiga de las sicavs, el PSOE había sido más laxo que Podemos. Es cierto que las puso en su punto de mira por escrito en el documento Para un Gobierno progresista del pasado mes de septiembre. Entonces, intentaba convencer a Podemos planteando "un mayor control sobre las sicav, de modo que la Agencia Tributaria pueda regularizar fiscalmente aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la normativa financiera". Ahora, su propuesta con estos vehículos de inversión es todavía más dura: "Ejerceremos un mayor control sobre las sicav. Otorgaremos a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las sicav en la normativa financiera. Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las sicavdel tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)".