Con el nombramiento de Nadia Calviño como ministra de Economía, Pedro Sánchez intentó trasladar a Bruselas y a los mercados la idea de que el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda seguirían cumpliéndose tras la llegada del PSOE al poder. Sin embargo, después de un año y medio, el bagaje de la Administración Sánchez en materia de estabilidad fiscal dista mucho de ser merecedor del aplauso de nuestros socios europeos o de la comunidad inversora.
Así, aunque Podemos hasta ahora no estaba en el gobierno y a pesar de que Pedro Sánchez ha gobernado de forma interina durante buena parte de su mandato, lo cierto es que el déficit ha subido con fuerza, hasta el punto de que el aumento del gasto por encima de los ingresos ha subido ya a la friolera de 1.400 euros por hogar.
Mirando adelante, el pacto entre PSOE y Podemos, que anunciaron ayer lunes, puede desbloquear la investidura de Sánchez y plantea, a priori, numerosos riesgos fiscales. Al fin y al cabo, a un lado tenemos a un partido que ya está protagonizando un claro deterioro de los objetivos de estabilidad presupuestaria, mientras que al otro lado tenemos a un posible socio que defiende abiertamente el incumplimiento de dichas metas.
Sin embargo, el peso de la deuda pública sobre el PIB ha aumentado con mucha fuerza durante los doce últimos años, lo que complicará enormemente la materialización de estos planes. En teoría, unos Presupuestos Generales del Estado negociados por ambas formaciones podrían elevar los ingresos fiscales y así financiar el deseado aumento del gasto. Sin embargo, el último documento de este calibre elaborado por el PSOE (la fallida propuesta de los PGE de 2019) fue recibido con una lluvia de críticas por parte de organismos públicos (Banco de España, Comisión Europea, AIREF…) y privados (IEE, CEOE, BBVA Research…).
Aquel documento disparaba el gasto en 23.000 millones de euros, una subida que constituía el mayor aumento desde el rescate de las cajas. En términos porcentuales, llevar el gasto total hasta los 472.660 millones implicaba elevar los desembolsos de las Administraciones un 5,1%, muy por encima de la tasa de crecimiento del 2% en que se está moviendo el PIB. No obstante, el gobierno de Sánchez solo planteaba un aumento recaudatorio de 7.178 millones de euros, admitiendo implícitamente que su plan era imposible de financiar sin aumentar masivamente la deuda. Peor aún: el análisis de la oposición reveló que el 60% de estos ingresos no se iban a materializar, puesto que partían de cálculos irreales y números inflados.
A todo lo anterior hay que sumarle, además, el pobre desempeño fiscal del año 2019. El déficit apenas se ha reducido durante el primer curso completo de la Era Sánchez y la deuda sigue rondando el 100% del PIB tras un lustro de recuperación económica y reducción del paro. A esto hay que sumarle las condiciones monetarias poco convencionales de los últimos años, que permiten congelar el pago de intereses derivados de la deuda pública, manteniéndolos de forma artificial en el entorno de los 30.000 millones de euros.
"Nos crujirán con el BOE"
Hay, por lo tanto, un margen limitado para disparar el gasto como pretenden PSOE y Podemos. En consecuencia, las principales empresas del país temen que la alternativa sea un fuerte aumento de la regulación, que se convertiría en la fórmula elegida por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para contentar a su electorado. Altos cargos del Ibex 35 reconocen a este diario que sus responsables de análisis económico ya trabajan con este escenario. "Nos crujirán con el BOE", lamentan.
Desde la banca recalcan a este diario que "se habla mucho de las subidas de impuestos que, en efecto, pueden llegar durante la legislatura. Sin embargo, más grave aún es la estrategia de trasladar la política económica a la cuenta de resultados de las empresas. Eso es lo que nos tememos que va a ocurrir".
En el mundo de la energía conocen bien esta situación. No en vano, ya tenemos una de las facturas de la luz más caras de Europa como consecuencia del sinfín de ayudas, subsidios, peajes y primas que se han impuesto a lo largo de los años, con ánimo de favorecer a la energía "verde" frente a las demás fuentes. La situación puede ir a peor si Podemos toca poder: "ellos llegar a hablar de crear una empresa estatal, pero probablemente se conformarán con introducir límites de precios, lo que reducirá aún más nuestros márgenes", explica un directivo de esta rama de actividad.
No le va mucho mejor al sector inmobiliario, donde la aprobación de la Ley Hipotecaria fue un primer ejercicio de la estrategia que está por venir. Un empresario del sector habla con este diario sobre la larga lista de intervenciones que barajan PSOE y Podemos: "se habla de prohibir el alquiler turístico, de obligar a los promotores privados a construir vivienda social como ya hace Ada Colau en Barcelona, de imponer más restricciones al alquiler…".
En el ámbito de la industria pueden darse situaciones similares. La agenda "verde" anunciada por Moncloa tiene ya un impacto en las matriculaciones de automóviles, que se han desplomado durante el año en curso ante el discurso gubernamental que sostiene que el diésel tiene los días contados. Algo parecido puede ocurrir en otros ámbitos del sector secundario si Sánchez e Iglesias insisten en reforzar más aún los objetivos de contención de las emisiones de CO2.
El mercado de trabajo, otro foco caliente
A todo lo anterior hay que sumarle el refuerzo del salario mínimo interprofesional anunciado recientemente por Pedro Sánchez. No hay que olvidar que, desde que dicho umbral pasó a los 900 euros, el desempleo ha subido entre los grupos más ligados al SMI: jóvenes, extranjeros, agricultores, empleadas domésticas… Un ejemplo más del poder de la política regulatoria de trasladar costes al sector privado sin necesidad de crear impuestos explícitos.
En este campo, además, se anuncian cambios que preocupan especialmente al sector privado y que pueden afectar a la reforma laboral de 2012 (con su derogación o modificación), a la subcontratación de personal (con su prohibición o limitación) o a los costes no salariales (con nuevos gastos obligatorios, como más cotizaciones sociales).