Habemus programa. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya han redactado el programa de su Gobierno de coalición. Los líderes de los partidos de izquierdas presentado en la tarde de este lunes las medidas que piensan aplicar para gobernar España, y entre ellas, hay una larga lista de propuestas en el ámbito económico.
Las medidas de PSOE y Podemos se sustentan en el intervencionismo del Estado, en el aumento de los impuestos y en disparar el gasto público, como ya avanzaron el pasado mes de noviembre.
El documento, bautizado como Coalicion progresista. Un nuevo acuerdo para España, consta de 50 páginas y está dividido en 11 puntos. La materia laboral se encuentra entre sus principales líneas maestras, lo que haría presagiar que Podemos estaría a un paso de hacerse con la cartera de Trabajo. En cuanto a los ministrables, se prevé que la diputada gallega de Podemos, Yolanda Díaz, asuma el área que actualmente dirige Magdalena Valerio, lo que permitiría a los de Iglesias cumplir su gran ambición de entrar en un ministerio de importante peso económico. Todavía está por ver si el PSOE mantendrá el poder de las pensiones separando Trabajo de la Seguridad Social y dejando a cargo de este último ministerio a su candidata socialista.
Adiós a la reforma laboral
Atrás quedó el discurso socialista de que, cuando llegaran al poder, derogarían lo que ellos llamaban "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral. Ahora, el PSOE no ha dudado en liquidar de un plumazo la reforma del PP para conseguir el apoyo de Podemos, por lo que Sánchez virará todavía más hacía la extrema izquierda si logra quedarse en Moncloa.
"Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012", señala sin ningún matiz uno de los puntos del primer apartado del nuevo programa, que está centrado en "consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad".
En este sentido, los partidos del más que probable próximo Gobierno de coalición aseguran que "impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos". En concreto y "con carácter urgente" pretenden aplicar cinco medidas radicales:
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Derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
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Derogar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
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Derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
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Modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
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Limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
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Revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientado al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
En el ámbito laboral, Sánchez e Iglesias también han acordado disparar hasta los 1.200 euros el SMI durante la legislatura, sin especificar año, lo que supone "subir el SMl hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España" explican. Para 2020, pretenden que llegue a los 1.000 euros mensuales. Con el objetivo de controlar este sueldo obligatorio que quieren imponer desde el Estado, crearán una Comisión Gestora con "expertos" del Ministerio de Trabajo.
Siguiendo en el área del empleo, PSOE y Podemos pretenden poner coto a los contratos parciales privando a los empresarios de la flexibilidad que les puede proporcionar en muchas ocasiones este tipo de contratación. Y lo harán reforzando "el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado" y favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales. También, van a "revisar las causas del despido para hacer más precisa la definición de las causas económicas y organizativas" de las empresas.
Acorralar la riqueza
PSOE y Podemos, también van a disparar la fiscalidad de todo lo que suene a riqueza, como las rentas altas o las grandes empresas. Así, el IRPF subirá dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros, y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales a partir de 140.000 euros hasta el 27%. Además, prometen "estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas".
Mantienen su empeño tanto por la tasa Google, como por la tasa Tobin. "Aprobaremos el Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economigital que actualmente no tributan. Aprobaremos el Impuesto sobre las transacciones financieras", señalan.
A nivel fiscal plantean una "nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier modificación caiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autos y pymes", lo que podría interpretarse como que renuncian al impuesto al diésel.
En el ámbito empresarial fijarán un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que sube todavía más, hasta el 18%, para los bancos y las empresas de energía. Las socimis también serán otros de los objetivos de estos partidos y se les aplicará un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Pensiones y alquileres
A nivel de pensiones, la apuesta de estos dos partidos será la de aprobar por ley la subida de las prestaciones según el IPC, mientras fulminan el factor de sostenibilidad (vincular las pensiones a la esperanza de vida) y el índice de revalorización (vincular las pensiones al crecimiento de la economía).
Pedro Sánchez también cederá a otra de las peticiones de Podemos, que es la intervención de los precios del alquiler. Justificándose en "frenar las subidas abusivas del alquiler" piensan poner techos máximos a los arrendamientos, lo que puede contribuir a tensionar más la oferta. "Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se habilitará a las Comunidades Autónomas y/o Ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica", reza el texto.