El déficit público se ha convertido en uno de los puntos débiles de la economía española, desatando el miedo a una eventual crisis fiscal. Lo peor es que todo apunta a que los tres próximos años estarán marcados por nuevas rondas de incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria, condenando al Tesoro del Reino de España a financiar quince años de déficit público ininterrumpido.
Así se desprende del nuevo informe elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España. La división que encabeza Óscar Arce ha presentado esta semana su actualización del cuadro de proyecciones macroeconómicas, un documento que confirma el apuntalamiento de una tendencia bajista en el crecimiento de nuestro país.
Según el regulador, el aumento del PIB será de apenas un 2% en 2019, cayendo al 1,7% en 2020, al 1,6% en 2021 y al 1,5% en 2022. Además, estas cifras de crecimiento esconden un deterioro notable de sus fundamentales, puesto que la aportación del consumo público será mayor que la del consumo privado en todos los años que están por venir, certificando el giro a un crecimiento "dopado" por los aumentos presupuestarios de las Administraciones Públicas.
Este enfriamiento de la actividad se traslada, por ejemplo, a la tasa de paro, donde la reducción esperada será mucho menor de lo que veníamos observando en ejercicios anteriores. Si en 2018 veíamos que el empleo creció un 2,5%, entre 2020 y 2022 nos encontraremos con una reducción de dicha tasa de aumento hasta niveles del 1,2%. En consecuencia, el paro observado al final del periodo será del 12,6%.
El enfriamiento económico tiene implicaciones graves para el déficit, puesto que su reducción venía descansando, en gran medida, en la mejora de la actividad económica. El enfriamiento del crecimiento y la desaceleración del empleo complican la obtención de recursos adicionales por la vía de la mejora productiva, mientras que el aumento del gasto público complica más aún el cumplimiento de los objetivos.
El resultado de esta mezcla explosiva en un enquistamiento del déficit público en niveles muy preocupantes. Así, si en 2018 cerramos el año con un incumplimiento equivalente al 2,5% del PIB, en 2019 es probable que volvamos a repetir dicha cifra, según las proyecciones que acaba de difundir el organismo regulador.
La situación no mejorará significativamente entre 2020 y 2022. Ahora mismo, la previsión para el próximo curso apunta a una tímida corrección de cuatro décimas, hasta el 2,1% del PIB. Tampoco será muy pronunciado el descenso en 2021 (previsión del déficit del 1,8% del PIB) ni en 2022 (escenario de incumplimiento del 1,4% del PIB).
Esto significa que, tras haber entrado en números rojos en 2008, las Administraciones Públicas seguirán gastando por encima de sus posibilidades en 2022, acumulando ya quince años de diferencial negativo entre los ingresos y los gastos gestionados por las distintas capas y estructuras del Estado.
Desde que empezó la crisis, el déficit público acumulado por el Reino de España ha alcanzado los 780.000 millones de euros. La sucesión de incumplimientos ha hecho que el stock de deuda pública salte del entorno del 35% del PIB a niveles que rondan el 100% de la producción anual. En términos per cápita esto supone elevar de 8.000 a 25.000 euros las obligaciones contraídas por el Tesoro.