Los sindicatos UGT y USO han firmado con Aumar, filial de Abertis, el acuerdo final para la salida de 136 trabajadores de las autopistas AP-7 y AP-4 a consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa.
Según ha informado este miércoles Aumar en un comunicado, el acuerdo ha sido suscrito tras haber sido ratificado en asambleas por los 136 trabajadores afectados y vinculados principalmente a las funciones de cobro del peaje.
En las asambleas, celebradas el lunes y martes pasados, han participado el 70 % de los trabajadores afectados por el ERE, y más del 90% de ellos han aceptado las condiciones propuestas en el preacuerdo del 4 de diciembre con la representación sindical, según la empresa concesionaria.
El pacto ratifica el preacuerdo de la semana pasada, e incluye una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 meses durante los años de antigüedad previos a 2012, y de 33 días por año con un máximo de 34 meses para los ejercicios trabajados a partir de ese año.
Además, se han acordado otras medidas complementarias para los afectados, como la aplicación del seguro médico durante un año, un convenio especial para los afectados con 55 años o más hasta que cumplan 63 años y adicionalmente hasta los 64 años para aquellos empleados mayores de 59 años a la fecha de fin de concesión, así como un plan de recolocación personalizada para cada uno de ellos.
Los afectados por los despidos son empleados que atienden los puestos de peaje y las oficinas, después de que el Gobierno haya garantizado los puestos de trabajo en las labores de mantenimiento.
Ya no hay que pagar peaje
El ERE de Aumar afecta a 136 trabajadores de la AP-7, entre Hospitalet del Infante (Tarragona) y Alicante, y de la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, debido al fin de la concesión de etas dos vías de pago a la compañía el próximo 31 de diciembre.
Estos dos tramos de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, seguirán el próximo uno de enero la estela de la AP-1 Burgos-Armiñón, que en diciembre de 2018 se convirtió en la primera vía de pago construida en España que ponía fin a su concesión, retornaba al Estado y levantaba las barreras de peaje.
La reversión de las autopistas que concluyen su contrato de concesión tiene lugar en virtud de la decisión del Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los plazos de concesiones de este tipo de infraestructuras.
No obstante, el Estado pasará a realizar y pagar el mantenimiento de las autopistas, del que ahora se encarga Abertis. Los contratos para realizar estos trabajos que Fomento ya ha sacado a concurso asciende a 153 millones de euros. Una cantidad que irá contra presupuesto público y que ahora pagaremos todos los españoles, usemos o no esa autopista.