La compañía energética Iberdrola ha informado de que el pasado 5 de diciembre presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Bilbao con objeto de que se investigue una publicación de El Confidencial en la que se cita un "supuesto documento interno" que acusa a la dirección de la compañía de ordenar espionajes y usar facturas falsas.
La empresa ha subrayado que ha realizado una búsqueda de dicho documento y que "ha sido totalmente imposible localizarlo". Asimismo, Iberdrola también afirma que ha preguntado a los anteriores y actuales responsable de Administración, Control y Regulación, que "de existir el supuesto documento, deberían haber sido los receptores del mismo".
De acuerdo con la compañía, tanto José Luis San Pedro, anterior responsable, como Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo, actuales responsables, han asegurado que "no se reconoce ni la emisión ni la recepción del mismo", así como que el documento "no se ha localizado en ninguno de los archivos oficiales de Ibedrola.
Los responsables también defienden que el pago de las facturas a las que se alude "no evidencia ninguna irregularidad en la relación a Castellana de Seguridad (Casesa)".
Ibedrola ha argumentado en su escrito que los fundadores de Casesa y propietarios de la sociedad hasta 2010 han emitido un comunicado oficial en el que "niegan rotundamente" relaciones comerciales o cualquier tipo de pagos a Cenyt o cualquier sociedad relacionada con José Manuel Villarejo.
La energética ha confirmado que ha localizado las facturas emitidas por Casesa, que se encuentran en los registros contables de Ibedrola y presentan las firmas "exigidas por la normativa de control interno", por lo que considera que dichas facturas "corresponden a servicios realmente prestados".
De esta forma, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán ha indicado que ha enviado un requerimiento al firmante del "supuesto documento", José Antonio del Olmo, para que se pronuncie sobre la veracidad del mismo y comunique si dispone de "cualquier información relacionada con Iberdrola de la cual la compañía no tenga constancia ni archivo".
Así, ha solicitado a la Fiscalía que investigue si estos hechos pueden presentar indicios de delito y que se identifique a las personas responsables de los mismos.