A pesar de la ligereza con que la clase política en general suele referirse a las pensiones públicas, lo cierto es que el actual modelo está quebrado a medio plazo si no se acomete una reforma radical para garantizar su sostenibilidad.
En Libre Mercado hemos analizado la situación del sistema público de pensiones, así como los principales factores que amenazan su supervivencia a medio plazo, entre los que descuella un desplome pavoroso de la natalidad que hace técnicamente inviable el sostenimiento del modelo de reparto.
Si todavía no se ha producido el estallido de la Seguridad Social es, en gran parte, gracias al fondo de reserva creado durante los Gobiernos de José María Aznar (por cierto, con la oposición frontal de la izquierda), que ha permitido pagar puntualmente las pensiones en los años más duros de la crisis económica. Los bajos tipos de interés de la deuda pública, debido a la inundación de liquidez aplicada desde 2012 por el BCE, suponen otro factor que está contribuyendo a maquillar un problema que sigue sin abordarse de frente.
Ante esta realidad, reconocida por los mejores expertos y las principales instituciones económicas, la izquierda, capitaneada por el demagogo Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias, propone un funesto salto adelante al vincular la revalorización de las pensiones con el IPC sin realizar las reformas necesarias para mantener con vida el sistema. Como casi todas las de la izquierda, se trata de una promesa imposible de cumplir que, lejos de dar solución a un problema, lo agravará hasta extremos ciertamente críticos.
Pero a Sánchez y a Iglesias les da exactamente igual, puesto que su única prioridad es llegar al poder a cualquier precio; incluido el de frustrar una jubilación razonable a las próximas generaciones, a las que no se atreven a contarles la verdad de lo que pretenden hacer.
Es hora de que los partidos del centro-derecha propongan reformas de calado que contribuyan a que los jubilados presentes y futuros puedan gozar libremente del fruto del ahorro acumulado durante su vida laboral. El modelo vigente, basado en el reparto de las cotizaciones presentes, es inviable demográficamente y un robo escandaloso a los trabajadores con más años cotizados.