En diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Barcelona introdujo la obligación de reservar el 30% de las nuevas promociones inmobiliarias para vivienda de uso protegido. Casi un año después, el resultado de esta nueva regulación ha sido desastroso, hasta el punto de que solo se han aprobado siete nuevas licencias de obras mayores.
Esto no significa que las grúas hayan desaparecido de la noche a la mañana, puesto que decenas promotores adelantaron la solicitud de permisos municipales para esquivar la entrada en vigor de la norma. Así, hay 71 nuevas promociones de más de 600 metros cuadrados que están en desarrollo pero que no deben cumplir con la obligación fijada por Colau.
Sin embargo, si nos ceñimos solamente a la actividad promotora que ha venido desarrollándose bajo la nueva norma del consistorio, encontramos que solo se han presentado doce solicitudes de licencia, de las cuales cinco han sido rechazadas por no cumplir con el requisito de reservar el 30% de los pisos para vivienda de protección oficial.
El registro de cifras municipales confirma que estos datos se quedan muy lejos de lo habitual. En 2017 se concedieron 500 licencias de obras mayores y en 2018 hubo más de 1.000 permisos de este tipo. Sin embargo, los números de 2019 presentan un nivel de actividad casi irrisorio, que prácticamente supone la desaparición de las promociones de obra nueva en la Ciudad Condal.
La expropiación de uso que encierra la norma del 30% venía defendida por diversos colectivos de extrema izquierda cercanos al equipo de gobierno que dirige la alcaldesa Colau, como la Plataforma Antidesahucios o el Sindicato de Inquilinos. El "visto bueno" a la norma también requirió el "OK" de la Generalidad, que hubo de autorizar una Modificación del Plan General Metropolitano.
Desde el sector promotor se defendió desde un primer momento que el consistorio barcelonés estaba haciendo inviable la inversión en obra nueva. Sin embargo, Colau sostuvo que la propuesta contribuiría de forma positiva al mercado y generaría entre 300 y 400 nuevos pisos para ofrecer en el mercado de vivienda protegida.
Los datos del primer semestre de 2019 ya alumbraban la fuerte caída de la actividad que reflejan ahora las cifras interanuales. No en vano, de enero a junio se había constatado una reducción del 68% en la construcción de vivienda nueva. Sin embargo, el segundo semestre ha sido aún más dañino para la actividad del sector, acelerando el desplome de las promociones.
Si nos fijamos en el número de viviendas construidas en vez de poner el foco en las promociones autorizadas, podemos entender mejor el impacto de la norma. Así, las promociones impulsadas entre enero y junio de 2018 sacaron 1.300 pisos al mercado, mientras que en el mismo periodo de 2019 se dio una caída hasta las 400.
Los datos que maneja el Ayuntamiento de la capital autonómica catalana muestran, además, el sinsentido de intentar impulsar la oferta por esta vía, puesto que las viviendas manejadas por las Administraciones Públicas suponen apenas el 1,6% de los 775.000 domicilios de la ciudad mediterránea.