El lío con el "decretazo de la subida de la luz" de Sánchez

Viernes, Consejo de Ministros. El Gobierno en funciones anuncia su enésimo decretazo, esta vez, dirigido al sector de la energía. Entonces, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, aparecía junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, para explicar una medida que ha generado alguna que otra confusión.

Los socialistas decidían blindar hasta 2031 las retribuciones a las plantas de renovables anteriores al año 2013 en el 7,39% actual. En 2013, fue cuando el Gobierno de Mariano Rajoy dio el gran tijeretazo a las primas a las renovables para acabar con el desorbitado déficit de tarifa que cargaba sobre las espaldas de los contribuyentes. Esa decisión generó una serie de batallas judiciales con los afectados a los que se les recortó el dinero, que a día de hoy todavía no se han solventado.

Por ello, Sánchez ha calculado que el Estado se juega en pleitos la friolera de 10.000 millones de euros, y ha pretendido quitarse de encima el problema garantizando a las compañías afectadas 12 años con esta rentabilidad fija del 7,39%. Eso sí, para hacerse con el premio deberán retirar cualquier demanda que hubieran interpuesto contra el Estado y renunciar a las indemnizaciones. De lo contrario, si prefieren continuar con su guerra en los tribunales, se les aplicará la prima fijada del 7,09% hasta 2025 como al resto de instalaciones. Después de 2025, lo más lógico es que la retribución siga bajando. El decreto ley reza lo siguiente:

Esta medida supone que la renuncia a la continuación o inicio de nuevos procesos arbitrales, así como la renuncia a una posible percepción de indemnización o compensación, garantizará certidumbre económica a la instalación, permitiendo percibir una rentabilidad razonable del 7,398% durante el periodo 2020-2031, superior al 7,09% establecido durante el periodo 2020-2025, y evitando la incertidumbre del periodo 2026-2031.

45 frentes judiciales abiertos

Según dijo Ribera, el Gobierno tiene 45 frentes abiertos por inversores y hasta ahora, el Estado ya ha recibido un total de 10 reveses en los distintos tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas por un importe total de 821 millones, aunque las reclamaciones en esos casos ascendían a unos 1.700 millones de euros. "No obstante, no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa", explicó la ministra. Los recortes de 2013, afectaron a 64.000 plantas, sobre todo en Andalucía y Castilla-La Mancha, añadió Ribera.

Por tanto, con la excusa de que se va a ahorrar el dinero de los litigios, el Gobierno de Sánchez ha decidido utilizar el dinero de los consumidores para seguir financiando los últimos coletazos de una burbuja que vivió su máximo esplendor con José Luis Rodríguez Zapatero y llenó de paneles solares al país. Hasta el propio Zapatero reconocía el pasado verano que sus dos legislaturas habían generado una burbuja de 29.281 millones de euros por el boom de las renovables, lo que hace que, a día de hoy, el consumidor siga pagando en su factura esas decisiones políticas. Y lo hace con un precio de la electricidad de los más caros de Europa.

No es una subida del recibo del 7,39%

Hasta aquí, no habría nada nuevo, aunque a raíz de este decreto ley, entre el fin de semana y ayer lunes, se han publicado una serie de informaciones que sería conveniente aclarar. Desde entonces, por las redes sociales ha circulado la idea de que el recibo de la luz va a subir inmediatamente ese 7,39% con la decisión de Sánchez, cosa que no es cierta. "Esto no cambia nada. La luz ni va a subir, ni va a bajar a corto plazo por esto", señala a Libre Mercado el analista de mercados energéticos, Manuel Fernandez Ordóñez. A pesar de esto, #DecretazoSubidaLuz se ha convertido en trending topic en Twitter y los usuarios no dudaron en cargar erróneamente, en este caso, contra algo que Sánchez no ha aprobado.

Eso sí, el contribuyente acabará pagando de una forma u otra las decisiones políticas en un sector tan intervenido como el de la energía. "Todavía no sabemos qué decisión van a tomar las compañías. Si deciden continuar con los litigios, está claro que el consumidor pagará en la factura de la luz esos 10.000 millones de euros que le cueste al Gobierno o si prefieren blindarse al 7,39%, puede que la retribución también llegue a alcanzar esos 10.000 millones, quizá menos, pero el consumidor acabaría pagando en 12 años", apunta el experto. Además, si Sánchez logra gobernar con Podemos podría permitirle sacar adelante una de sus medidas estrella, que es la creación de una empresa eléctrica pública, lo que podría suponer un nuevo caos en el sector.

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Ordóñez ha criticado que los españoles, todavía, tengan que asumir en sus recibos unas primas a las renovables de 7.000 millones de euros y un déficit eléctrico de casi 3.000 millones, que nada tiene que ver con el verdadero precio de la luz. "Es una salvajada", ha declarado.