El consejo de administración del grupo Red Eléctrica ha acordado dar mandato para poner en marcha un plan de ajuste en la compañía, que incluirá un plan de salidas incentivadas voluntario, que permita hacer compatible el impacto retributivo de las nuevas circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con los objetivos y compromisos de su plan estratégico 2018-2022.
Según informó la compañía, este plan deberá ser presentado en la próxima reunión del órgano rector junto con la propuesta de presupuesto para el año 2020.
Este ajuste, que ha sido ya comunicado a la representación sindical, se enmarcará como líneas generales en un recorte del gasto presupuestario en el horizonte 2020-2022 que incluya potenciar todas las sinergias existentes entre las empresas del grupo. El impacto económico será de 32 millones anuales, indicó la empresa.
Además, recoge un plan de salidas incentivadas voluntario y de mutuo acuerdo que facilite la captación de nuevas capacidades y habilidades, especialmente digitales, necesarias en la plantilla de Grupo Red Eléctrica y que reduzca el coste de gastos de personal. El número de trabajadores de la plantilla -que ascendía a 1.799 empleados a cierre de 2018- al que afectará este plan de la compañía deberá ser negociado.
Congelación de la retribución
El ajuste que lanzará el grupo presidido por Jordi Sevilla aplicará también una congelación a la retribución del consejo de administración y a los sueldos y salarios del equipo directivo.
Asimismo, incluirá un plan de eficiencia y transformación que impulse la revisión de procesos, la automatización, la digitalización y la innovación tecnológica para obtener eficiencias en reducción de costes, liberación de necesidades de mano de obra y generación de nuevos ingresos.
En la propuesta de circular remitida al Consejo de Estado, paso previo a su aprobación, la CNMC plantea para la actividad del transporte de energía eléctrica, que realiza principalmente Red Eléctrica, un recorte en la retribución de 672 millones de euros para el próximo período regulatorio 2020-2025, lo que supone un 'hachazo' del 7,2%, a pesar de que suavizó en 100 millones de euros el recorte frente a su propuesta inicial.