La usurpación de la propiedad privada, popularmente conocida como okupación, se ha convertido en un problema socioeconómico de primera magnitud. Libre Mercado ya desveló en su momento que las sentencias condenatorias por este tipo de delito se han multiplicado por doce durante la última década.
Pero las sentencias solo permiten conocer una parte del problema, puesto que no todos los casos terminan en condena y, de hecho, cada vez es más popular el recurso a empresas de seguridad especializadas en desalojar a los usurpadores mediante la instalación de controles de seguridad u otro tipo de mediaciones.
¿Cómo podemos conocer, entonces, el alcance real del problema? Quizá la mejor forma de aproximarnos es la base de datos de denuncias recibidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según dicha recopilación, que incluye cifras de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales, el pasado año hubo 12.200 usurpaciones en España.
La situación resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que los datos para 2013 rebajaban esta cifra a 7.700 okupaciones ilegales. Hablamos, pues, de un crecimiento cercano al 60% que, de hecho coincide con el auge político y electoral de la extrema izquierda, una corriente electoral liderada por Podemos y vinculada a numerosos colectivos okupas.
Cataluña se ha convertido en la comunidad más afectada por este tipo de delitos de orden público. En total, las autoridades de la provincia de Barcelona han recibido casi 17.500 denuncias de usurpación durante el periodo que va de 2013 a 2018. Los datos son menores en Tarragona y Gerona, si bien ambas provincias ocupan el puesto segundo y tercero del ranking que relaciona las denuncias con el tamaño de la población.
Aunque los datos para 2019 no estarán disponibles hasta comienzos de 2020, las cifras del primer semestre certifican que, en efecto, la incidencia de la okupación es mayor en unas demarcaciones que en otras. Es el caso de Toledo, Granada o Sevilla. También las Islas Baleares figuran como una de las autonomías más golpeadas por esta situación.
Okupas y derechos de propiedad
Según el último Índice Internacional de Derechos de Propiedad, publicado por el Instituto de Estudios Económicos, España es uno de los países ricos que peor protege la propiedad privada. Nuestro país aparece en el puesto 27 de los 36 países de la OCDE y apenas recibe una calificación de 6,5 puntos sobre 10, menos de lo que obteníamos hace más de una década.
Es difícil conocer el alcance total de la okupación. El Instituto Cerdà calcula que hay unas 260.000 personas en España okupando viviendas sin permiso alguno. Por su parte, la Policía ha constado que, en la ciudad de Madrid, apenas un cuarto de los okupas tienen una situación económica complicada.