La economía alemana está funcionando muy por debajo de lo esperado. El último dato de crecimiento trimestral arroja un aumento casi testimonial de la producción, que se expandió un magro 0,1% y esquivó por muy poco el escenario de recesión. Este enfriamiento ha generado mucho nerviosismo en las élites germanas, hasta el punto de que el gobierno de coalición de Ángela Merkel y los socialdemócratas se planteó hace algunos meses un giro de 180 grados en su política fiscal.
Según apuntó Der Spiegel el pasado mes de agosto, el Ejecutivo teutón barajó la posibilidad de impulsar un "plan de estímulo" de corte keynesiano, basado en inyectar 50.000 millones de euros para financiar distintos programas de gasto público, orientados en la mayoría de casos a promover industrias verdes.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria de la CDU y el SPD ha terminado optando por mantener en pie la política de ortodoxia fiscal desplegada durante la última década, rechazando la fórmula keynesiana que llegó a estar encima de la mesa. Y es que, tras una maratoniana reunión en las oficinas del Bundestag, los conservadores y los socialdemócratas han decidido que no es el momento de implementar "planes de estímulo".
De hecho, la idea que tiene el pacto de gobierno es reducir el peso del gasto público desde los 370.000 millones de euros que desembolsará el Ejecutivo federal en 2019 a los 362.000 millones que se van a presupuestar para 2020. Esta apuesta compensará la menor recaudación fiscal derivada del enfriamiento económico, manteniendo así un superávit presupuestario que, al final de la legislatura, dejará la deuda pública cerca del 45% del PIB, casi la mitad del pico alcanzado hace ahora una década.
"Seguimos como estábamos: no vamos a emitir más deuda. Alemania puede financiarse, no tenemos ese problema. Sin embargo, no tenemos por qué pedir dinero prestado, porque con los actuales niveles de recaudación podemos financiar todas nuestras prioridades: seguridad, educación, pensiones, medio ambiente…", explicó el gurú presupuestario de la CDU, Eckhardt Rehnberg, tras la conclusión de las negociaciones.
Diez años de austeridad
En 2009, Alemania incluyó en su Carta Magna un mecanismo conocido como el freno a la deuda. Inspirado en reglas fiscales de países como Suiza, esta regla abarca los siguientes puntos:
- El déficit del Gobierno federal no puede rebasar el 0,35% del PIB.
- El déficit está prohibido para las Administraciones regionales y locales: es obligado conseguir un superávit.
- La evolución del ciclo económico permite que se den ciertas desviaciones en el corto y medio plazo.
- Bajo escenarios de urgencia, hay un mecanismo de ajuste que permite mayores niveles de déficit (en torno al 0,5% del PIB, sin contar los pagos por intereses de la deuda).
Desde la introducción de este nuevo marco institucional para la política fiscal, el déficit público pasó a mejor vida en cuestión de unos pocos años. Así, frente a un descuadre del 4,2% del PIB en 2010, las cuentas arrojaron un superávit del 0,6% del PIB en 2014. El saldo positivo siguió creciendo en los años siguientes y se ha situado por encima del 1% del PIB entre 2017 y 2019.