Será, salvo sorpresa, el primer nuevo impuesto del Gobierno que liderarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Aunque no será, salvo sorpresa todavía mayor, el último. La llamada "tasa Google" ya tiene mucho camino andado. Está en línea con lo que preparan otros países europeos (por lo que pasará el corte de Bruselas con más facilidad), está en los programas de PSOE y Podemos (ni siquiera hará falta una negociación) y, quizás lo más importante en el corto plazo, existe un Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que entró en el Congreso el pasado 25 de enero. En resumen, que es cuestión de tiempo; y no mucho.
Como casi siempre en estos casos, los medios de comunicación han bautizado con un nombre llamativo al tributo (en este caso, "tasa Google") y han repetido los mantras habituales, en función del bando en el que se encuentren: para unos sólo cuenta la exigencia de obligar a los FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google) a pagar impuestos en los países en los que operan y no en donde tienen su domicilio fiscal; para otros, la clave es que éste, como cualquier otro impuesto, genera un coste extra en las empresas y consumidores que reducirá la actividad económica final.
Las dos cosas son ciertas. Por un lado, es evidente que las grandes empresas tecnológicas han sabido aprovecharse de las ventajas de la nueva economía y las peculiaridades de su negocio para pagar impuestos en aquellas jurisdicciones en las que se penaliza menos la creación de riqueza (por ejemplo, en la UE, Irlanda). También han aprendido a utilizar con tino los trucos de los diferentes impuestos de sociedades, con un manejo de las operaciones intragrupo con el que logran que todos los beneficios acaben en la sede central o en la filial más adecuada (esos precios por servicios entre empresas relacionadas que siempre terminan resultando tan convenientes a efectos fiscales). No hay nada ilegal en ello ni tampoco hay nada que no haga el 99% de los contribuyentes en los tributos que le toca abonar (intentar aprovechar las disposiciones legales para pagar el mínimo posible). Pero al Gobierno y a sus socios les fastidia que estas grandes multinacionales sean tan relevantes y, al mismo tiempo, paguen tan pocos impuestos, según su criterio, en España (ver imagen de la derecha, tomada del informe de Civismo El coste de los nuevos impuestos).
En el campo contrario, los que critican el impuesto recuerdan que éste, como cualquier otro tributo dirigido específicamente contra un sector, hará que éste sea menos atractivo para inversores y consumidores. Aquí da igual que hablemos del impuesto al diésel o de un tipo más elevado de IVA: si uno le pone un impuesto a un producto, sabemos que se consumirá menos. Pues algo así ocurrirá en este caso: un tipo del 3% no quiere decir que vayamos a dejar de comprar por internet pero, como siempre ocurre en el margen, habrá transacciones que dejen de hacerse. En este sentido, las críticas a este tributo recuerdan que hablamos de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo digital. Uno de los sectores del que los políticos más hablan, como instrumento para alcanzar esa nueva economía y esa cuarta revolución industrial que caracterizará el siglo XXI, es castigado a través de impuestos como éste. Mucho hablar de empleos de alto valor añadido y, a las primeras de cambio, te enfrentas precisamente con los mayores empleadores del mundo en este campo.
Del mismo modo, la discusión sobre los costes y los ingresos del impuesto puede ser eterna. Sobre todo porque es imposible, sin que entre en vigor, saber cuánto recaudará y, al mismo tiempo, cómo afectará a la actividad económica.
Este jueves, en Fedea, tuvo lugar una jornada sobre la "fiscalidad de la economía digital". En uno de los paneles, Jordi Esteve Bargués experto de PwC, planteó sus cálculos:
- En cuanto a la recaudación, el Gobierno ha previsto unos ingresos de unos 1.200 millones de euros, mientras que la UE lo dejaba en apenas 546. Teniendo en cuenta un par de elementos del impuesto (operaciones intragrupo y reducción del umbral en el que se aplica el tributo) no fueron tenidos en cuenta en Bruselas, PwC sube su estimación de recaudación hasta los 968 millones (más o menos lo mismo que prevé la AIReF).
- En cuanto a los efectos negativos, en PwC calculan que los consumidores españoles perderán (debido a precios más elevados) entre 515 y 665 millones de euros al año; para las empresas, el impuesto impactará también en forma de menos beneficios por menores ventas, con una caída de entre 450 y 562 millones al año.
- En total, según este cálculo, el impacto en el PIB sumando los efectos directos (menos operaciones de compraventa) y los indirectos (menos consumos intermedios en los sectores afectados), hablamos de una pérdida de PIB de 586 a 662 millones de euros al año.
Las pymes
Como apuntábamos antes, los costes en términos de recaudación y menor actividad económica son imposibles de cuantificar. De hecho, incluso tras la aprobación del impuesto, la discusión seguirá, sean cuales sean sus resultados: no es sencillo medir cuántas transacciones dejan de hacerse a causa del nuevo tributo o quién está asumiendo el daño que éste provoca, si la gran empresa que está obligada a abonarlo a Hacienda o las pymes con las que ésta negocia.
Porque, precisamente, por ahí está el quid de la cuestión: quién pagará de verdad la Tasa Google.
El impuesto plantea gravar tres tipos de actividades muy frecuentes y que se realizan, casi siempre, al menos por las pequeñas empresas, a través de un intermediario. Hablamos de (entre paréntesis la gran empresa contra la que parece dirigida la norma):
- Servicios de publicidad en línea (Google)
- Servicios de intermediación-venta en línea (Amazon)
- Manejo y venta de los datos de los usuarios (Facebook)
El tipo será del 3% y sólo afectará a las empresas que facturen internacionalmente más de 750 millones y más de 3 millones en España. En resumen, lo que se busca es que las grandes multinacionales que hacen negocios con consumidores españoles se retraten ante el Tesoro.
Cuál será el impacto. Ésta es la pregunta clave. Para empezar, parece claro que estos servicios se encarecerán: anunciarse en internet tendrá un precio algo más elevado, si el usuario que ve el anuncio está en España, a partir de ahora. En este punto, cada uno tendrá una opinión acerca de si ese aumento del precio y el desincentivo correspondiente merece la pena a cambio de la recaudación buscada.
Pero hay algo más que se ve más claramente en lo que respecta a los servicios de intermediación que realizan empresas como Amazon. Cada día, cientos de miles de pequeñas empresas venden sus productos en internet a través de estos canales. Normalmente, también tienen su propia web, pero para las pequeñas empresas la facturación a través de uno de los grandes portales puede suponer un porcentaje muy relevante de sus ventas (en este punto, hay que decir que el servicio de venta directa no está penalizado, sea cual sea el tamaño de la empresa: es decir, Inditex no pagará por vender a través de su canal de internet).
España es un país de pymes. Y de pymes no especialmente adaptadas al nuevo entorno tecnológico: el uso de las nuevas tecnologías es menor que en los países del norte de Europa con los que competimos. En este sentido, Amazon y otras grandes empresas que hacen de intermediario son un canal excelente para que estas pymes accedan a servicios digitales que, de otra forma, no tendrían o les sería muy costoso implementar (desde la pasarela de pago a la gestión de la relación con un cliente que, en muchos casos, puede incluso comprar desde el extranjero).
Desde este punto de vista, el nuevo impuesto supondrá un freno y una desventaja competitiva para estas empresas. Como plantea PwC, los vendedores no digitales y las pymes extranjeras que vendan en España se verán beneficiadas respecto a las empresas españolas que vendan una parte de sus productos a través de estas plataformas (por no hablar de los modelos de negocio surgidos en los últimos años y que sólo venden en internet). Además, en teoría, para las ventas de empresas españolas en el extranjero o para las importaciones de empresas extranjeras, el tipo será la mitad de ese 3% establecido para las transacciones que se realicen al 100% en nuestro país: esto tiene una traducción directa, por un lado, las empresa españolas que vendan fuera pagarán un impuesto que sus competidores en aquel mercado no sufren; y, por otro, los importadores extranjeros en España podrán vender en estas plataformas a un precio algo más bajo que las empresas nacionales.
Sí, es cierto que hablamos de porcentajes que parecen reducidos (un 3%), pero también que estos negocios no tienen elevados márgenes. Por ejemplo, Amazon tiene un margen operativo sobre ventas que no llega al 2,5%: por lo tanto, parece claro que repercutirá todo o la mayor parte del impuesto sobre las empresas que quieran utilizar su plataforma (y sí, tiene la posición dominante en esta relación). Luego, será esta pequeña empresa la que tendrá que decidir si se come ese margen o lo traslada (todo o parte) a su consumidor. Aquí la decisión final dependerá de muchas cosas: el mercado, el producto, la competencia, el objetivo (si está en Amazon como prioridad para ampliar las ventas o lo usa más como forma de darse a conocer), los márgenes, los costes de envío y devoluciones…
Pero lo que es evidente es que la famosa Tasa Google no ayudará a ese proceso de desarrollo tecnológico que tan necesario es para las pequeñas empresas (sobre todo, para las que quieren crecer en esta nueva economía). ¿Merece la pena a cambio de 1.200 millones? No es una cantidad pequeña, pero también habrá que ver si se logra alcanzar. Ahora habrá que ver si hay Gobierno, si pesan más las opiniones de Calviño o las de Iglesias y lo que hacen en los países de nuestro entorno. En cualquier caso, lo normal es que, en unos meses, tengamos un nuevo impuesto en nuestras vidas.