El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una batería de subidas fiscales que todavía tendrá que elevar aún más si finalmente logra gobernar con Podemos. Incrementos del IRPF, de las cotizaciones, de Sociedades, del diésel, la tasa Google, la tasa Tobin… la lista es infinita, aunque tampoco hay que olvidarse de la famosa "armonización fiscal". Esta idea ha surgido en pleno seno socialista (nada tiene que ver con Podemos) y pretende acabar con la competitividad de las CCAA subiendo los impuestos autonómicos en las regiones donde los tienen más bajos.
Patrimonio o Sucesiones son algunos de los tributos que están en el punto de mira del PSOE, cuya gestión tienen transferida al 100% a las CCAA. La impulsora de este golpe a la propia autonomía de las regiones es la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Desde que fuera consejera de Hacienda con el Gobierno de Susana Díaz, Montero ha estado cargando contra las autonomías que cobran menos impuestos a sus contribuyentes. Entonces hasta llegó a emprender una campaña contra Madrid, a la que no dudaba de calificar como "paraíso fiscal" junto a otros barones socialistas, como Ximo Puig o García Page. Ahora, desde que es ministra, a los ataques a Madrid también se le han sumado más compañeros de partido, como el presidente asturiano, Adrián Barbón.
Por tanto, "armonizar" es el eufemismo que utilizan los socialistas para pretender subir la fiscalidad de manera obligatoria en las regiones con impuestos bajos. "Habrá que armonizar justamente" hasta lograr "cierta simetría de fiscalidad en todos los territorios", avanzaba María Jesús Montero hace menos de un mes. En su línea, Montero también aprovechaba para acusar de "dumping" fiscal a regiones como Madrid.
Y como la región que preside Isabel Díaz Ayuso cada vez ve más cerca la posibilidad de que Pedro Sánchez le obligue a subir los impuestos, en esta autonomía ya han sacado la calculadora para ver cuánto les podría costar. Según sus estimaciones, la "armonización" de Montero y Sánchez supondrá un sablazo fiscal de 5.900 millones para los madrileños si les imponen incrementar todos los impuestos que gestionan (IRPF autonómico, Sucesiones, Patrimonio, AJD...).
¿Cómo afectaría la norma a las herencias?
La duda está ahora en qué fórmula escogerán Montero y Sánchez para subir, por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones. Una posibilidad es que los socialistas establezcan un tipo mínimo en el impuesto a las herencias del que las Comunidades Autónomas no puedan bajar. Madrid y Canarias han liderado la práctica desaparición del Impuesto de Sucesiones en España y, tras ellas, se han sumado otras tantas, como Andalucía o Cantabria, que tienen este impuesto al mínimo. Establecer ese tope implicaría un gran palo fiscal a los herederos, pero no sería el único.
La otra alternativa podría ser obligar a todas las regiones a aplicar la tarifa estatal. Actualmente, las CCAA tienen la posibilidad de decidir sobre la tarifa del Impuesto de Sucesiones, las deducciones, las bonificaciones, la cuantía, los coeficientes, las reducciones y hasta crear deducciones propias. Tanto para Sucesiones como para Donaciones, las tarifas estatales que se aplican por defecto son las siguientes.
Un 'sablazo' de más de 150.000 euros por herencia
Un simulacro elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) revela cómo quedaría la tarifa estatal en el supuesto de un soltero de 30 años sin hijos cuya herencia está valorada en 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. Como puede verse en la tabla, donde aparece cuánto pagan los herederos en cada región actualmente bajo ese supuesto, los impuestos en algunas regiones se dispararían de aplicarse la tarifa estatal.
Así, mientras que a día de hoy esa herencia en Andalucía o en Cantabria no tributaría nada, la tarifa estatal obligaría a los contribuyentes a pagar la friolera de 158.796 euros si se llega a imponer. Para los madrileños, extremeños, canarios y murcianos también supondría un sablazo de más de 150.000 euros.
El mismo caso se da con el Impuesto de Donaciones en el supuesto de un hijo de 30 años recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad. Cantabria, Canarias, Madrid, Andalucía, Murcia y la Rioja pagarían casi 200.000 euros más por esa donación con la normativa estatal. En el lado contrario están Castilla y León y Extremadura, que pagarían exactamente lo mismo, y Aragón, Asturias o Valencia, que apenas notarían la diferencia debido a los impuestos tan altos que tienen actualmente.
Modificar una ley de gran peso económico
Pero la hoja de ruta que tendrá que seguir el Gobierno de Sánchez para conseguir hacerse con el poder de los impuestos autonómicos no va a ser un camino de rosas. Para ello, "tendrá que modificar la Ley Orgánica de financiación de las CCAA explica a Libre Mercado el director de estudios del REAF, Rubén Gimeno. "Y eso es un tema muy serio", añade en referencia a una de las normativas de mayor peso económico de nuestro país.
Los trámites que habría que seguir para dar este paso serían lentos y costosos, aunque le permitiría a los socialistas modificar todos los impuestos regionales de una vez. "Tardaría entre un año y medio y dos años y tendría que convencer a muchos partidos", asegura el experto. Sánchez tendría difícil convencer a los independentistas catalanes para que votaran a favor de una medida que les obligaría a ceder autonomía, por lo que tendría que jugar muy bien sus cartas. Con el PNV no tendría problema, ya que el fuero vasco no les incluye en esta normativa.
El primer paso es "el anteproyecto que necesitaría la aprobación del Congreso" para ya después, dar forma al proyecto de ley "que iría del Congreso al Senado y del Senado, otra vez al Congreso hasta llegar al BOE", detalla Gimeno.
El experto descarta que Sánchez pueda aprobar esta modificación vía decretazo, como ha venido haciendo durante toda su legislatura con los famosos viernes sociales, lo que agilizaría drásticamente el proceso. "El Real Decreto no sería el vehículo adecuado porque cambiar esta ley no tiene carácter de urgencia. Es imposible, sería hasta ilegal", apunta. El experto también descarta que pueda hacerse modificando la ley de Presupuestos. "Hay mucho dinero en juego, no se puede usar este trámite", añade. A pesar de que el tiempo corre en contra del PSOE para llevar a cabo sus planes, no sería descabellado pensar que pueda encontrar una argucia o un vacío legal que le permita aligerar los trámites.