La batalla judicial que está librando Hacienda en el Tribunal Supremo puede ser fundamental para aquellos que tengan empresas. La Agencia Tributaria quiere considerar culpable a cualquier compañía que esté declarando un margen inferior al de otras empresas y quiere, además, poder entrar en el domicilio empresarial sin orden judicial. Sin embargo, el Supremo discrepa y no ve claro que esto sea suficiente. Ya que supondría que cualquier empresa que tenga unos ingresos inferiores a la media del sector sería considerada culpable y, por tanto, objetivo del Fisco.
¿Qué dice la ley?
El Tribunal Constitucional, en la sentencia 69/1999, de 26 de abril, ya declaró que la referida protección se extiende "a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el cendro de dirección de la sociedad (…) o servir de custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad que quedan reservados al conocimiento de terceros." Además, los despachos y los lugares de actividades comerciales cuentan con una protección similar, ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, legalmente, Hacienda lo tiene complicado.
Las exigencias de los inspectores
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que representa a más del 60% del cuerpo, es decir a algo más de 1.350 inspectores, se ha mostrado favorable a que estos registros sean mucho más flexibles. En un comunicado público han pedido que la justicia flexibilice las autorizaciones de registro para poder entrar en algunos domicilios sociales y para entrar en algunas otras dependencias. Propone, además, que se les permita entrar de incógnito en las empresas, e incluso pagar a confidentes. Por tanto, la resolución del Supremo resultará fundamental para salvaguardar los derechos de los contribuyentes y su privacidad.
Confidentes
A finales de noviembre, salía la noticia de que la IHE pretende pagar a confidentes para que delaten posibles fraudes fiscales. Esta propuesta, según explicaron, pretende conocer las deslocalizaciones de residencia fiscal ficticias entre comunidades en aras de la corresponsabilidad fiscal e incrementar las sanciones sobre el abuso de las sociedades profesionales. Esta medida ya estuvo presente en los años 80 en nuestro país, pero fue derogada años después.