En el año 2004 el Ayuntamiento de Antequera impulsó una organización de productores de molletes, el típico pan andaluz que se consume en una gran parte de España, con la idea lograr un distintivo de Indicación Geográfica Protegida (IGP). La convocatoria reunió a 18 panaderos, aunque de ellos solamente 7 terminaron conformando la Asociación Pro-Mollete de Antequera. Sin embargo, a día de hoy solo quedan dos empresas: El Antequerano, que hornea 45.000 molletes al día, y Mollete de San Roque, que elabora 50.000. Ambas compañías consideran que tras un largo esfuerzo han conseguido que la tramitación de la IGP se encuentre en la "última fase". El problema es que, una vez que se conceda el distintivo, solo estas dos fábricas podrán llevarlo.
Por este motivo, otras empresas de la comarca de Antequera han comenzado tramitaciones oficiales para poder llevar también la distinción IGP asegurando que ellas fabrican los mismos molletes que las otras dos compañías. Es el caso de la fábrica Padepan, que lleva horneando estos panes desde hace 20 años. "Es una injusticia", dice Remedios Tortosa, responsable de Padepan a El País.
La situación ha terminado en la Comisión Europea, ya que el resto de panaderías de la comarca que elaboran estos tradicionales molletes, nacidos en el siglo XVI, han puesto el grito en el cielo. Sin embargo, tanto El Antequerano, como Mollete de San Roque, aseguran que una vez que se conceda la IGP a este producto, el resto de productores también podrían usarlo "siempre que cumplan los requisitos y una serie de controles de calidad".
El problema es que el resto de productores consideran que esta IGP ha hecho "un traje a medida" de los dos miembros de la asociación. "Es un sinsentido que a Padepan la excluyan", insiste Antonio Báez, gerente de La Molletería, que solicitó formar parte de la asociación hace años. "Me respondieron que no, sin motivos". Padepan obtuvo la misma respuesta. Por ello, diez fabricantes, que representan el 85% de la producción local, han emitido un comunicado quejándose de la situación.
José Carlos Moreno, abogado de los productores que no recibirán la IGP, ha contactado con eurodiputados españoles y ha elevado una queja a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para poder cambiar la situación. "Procedemos a abrir una información reservada para analizar con más detalle las prácticas que nos comunicaron", afirmó la CNMC.
A la espera de lo que dicten desde Bruselas y desde la CNMC, el Ayuntamiento de Antequera no se ha pronunciado a favor de ninguna de las dos partes. Solo han destacado que se trata de "una iniciativa que se entiende positiva para el interés de la ciudad y uno de sus productos más autóctonos".