Pedro Sánchez anunció en el debate presidencial de la pasada campaña electoral que, en caso de seguir al frente del gobierno, elevaría a Nadia Calviño, hoy ministra en funciones, al cargo de vicepresidenta encargada de supervisar los ministerios de corte más económico. Tras los comicios, el mandatario socialista ha anunciado un acuerdo con Podemos que, en caso de recibir la confianza de las Cortes, resultaría en su reelección y acarrearía también el probable nombramiento de Pablo Iglesias como vicepresidente de asuntos sociales.
Sería un error pensar que Nadia Calviño y Pablo Iglesias son incapaces de coexistir bajo una misma fórmula de gobierno. Al fin y al cabo, el objetivo de Pedro Sánchez y el PSOE es retener el poder y la meta de Pablo Iglesias es consolidar a Podemos como un partido capaz de asumir responsabilidades de gobierno. Por lo tanto, la tecnócrata gallega y el comunista madrileño terminarían condenados a entenderse.
Cosa distinta es que dicha armonía sea fácil de lograr en todos los aspectos. Sin duda, hay puntos donde PSOE y Podemos pueden encontrar muchos puntos de acuerdo, habida cuenta del giro que han dado los socialistas en los últimos años hacia posturas tradicionalmente asociadas a las fuerzas políticas de extrema izquierda.
Pero ese progresivo abandono de la socialdemocracia y la creciente radicalización del discurso del PSOE no implica que no existan puntos de notable desencuentro en el discurso económico de ambos políticos. Hay, de hecho, cuatro ámbitos en los que Calviño e Iglesias tienen posturas abiertamente enfrentadas, lo que podría complicar enormemente la gobernabilidad económica del país. Esos temas de discordia son los siguientes.
"Banca pública"
A lo largo de la pasada crisis, España experimentó el colapso de su particular modelo de banca pública: las cajas de ahorros. La fragilidad financiera estuvo a punto de llevar a nuestro país a la bancarrota y motivó importantes programas de "rescate" que transfirieron 54.000 millones de euros de dinero público al sector, de los cuales 42.000 no se consideran recuperables, según los informes del Banco de España.
Nadia Calviño sabe que Bruselas mira con recelo la posibilidad de que España vuelva a las andadas y recupere el viejo modelo de banca pública. Por este motivo, el PSOE no ha planteado cambios en la reforma financiera que heredó de Mariano Rajoy, si bien tampoco ha avanzado en la venta de las participaciones que el Estado sigue teniendo en Bankia y ha abogado por la introducción de una tasa a las transacciones financieras.
Cosa distinta es lo que opina Pablo Iglesias, quien defiende abiertamente un modelo de banca pública que incluiría un giro en la política del Estado respecto a su participación en Bankia, con ánimo de orientar el funcionamiento de la entidad hacia los objetivos financieros que dicte el gobierno. En este sentido, no sorprende que la cotización de la entidad financiera haya bajado más de un 10% tras el anuncio del pacto PSOE-Podemos. Además, el dirigente de extrema izquierda plantea también un fuerte castigo fiscal a los bancos, que no solo incluiría la tasa defendida por los socialistas sino que también incluiría otro recargo adicional en el Impuesto de Sociedades, donde los bancos ya soportan más presión fiscal que el resto de grandes empresas.
"Equilibrio presupuestario"
El documento programático que han firmado PSOE y Podemos habla explícitamente de "evaluar y controlar el gasto público" y define dicha tarea como un paso "esencial para el sostenimiento de un Estado de Bienestar sólido y duradero". Sin embargo, no está nada claro que este compromiso sea realista, puesto que la disciplina fiscal se ha deteriorado desde que Pedro Sánchez es presidente y, además, el programa económico de Podemos incluye una batería de medidas de gasto que solo empeoraría esta situación.
Empecemos por el bagaje fiscal de los socialistas. Libre Mercado alertó a mediados de 2018 del coste que tendría elevar los objetivos de déficit de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. En total, el aumento de deuda ligado a las nuevas metas de consolidación aprobadas por Pedro Sánchez equivale a disparar la deuda en 23.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, unos 1.230 euros por trabajador. Desde entonces, la evolución del cuadro fiscal ha sido aún peor de lo anticipado. El gasto aumentó en 21.000 millones en año 2018 y los datos para 2019 muestran que los desembolsos están subiendo al mayor ritmo de la última década.
El caso es que, desde su irrupción en la escena política española, Podemos ha defendido una explosión del gasto público que solo contribuiría a exacerbar esta deriva. En 2015, la formación comunista defendía un engorde de los presupuestos equivalente a 134.000 millones de euros. Más recientemente, en 2018, el partido de Pablo Iglesias planteó elevar el gasto en 24.500 millones de euros. De modo que, en clave presupuestaria, Calviño está lejos de la ortodoxia que pretende vender Sánchez, pero Iglesias y su equipo se sitúan en un punto mucho más alejado del rigor fiscal y defienden abiertamente un total desprecio hacia las metas de contención del gasto, el déficit y la deuda pública.
"Mochila austriaca"
La ministra de Economía en funciones se ha mostrado partidaria de introducir la llamada mochila austriaca. Esta propuesta, planteada también por el Partido Popular y Ciudadanos, consiste en que el empleado recibe una aportación anual de la empresa en un fondo de capitalización que va acumulando durante su vida laboral. Este ahorro se emplea en caso de despido, para financiar parte de la indemnización, y abre también una fórmula de acumulación de capital que puede complementar la futura pensión de jubilación del trabajador.
Antes de las últimas elecciones, el gobierno del PSOE comunicó a la Comisión Europea que tenía previsto "implantar gradualmente un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación".
La medida, que figura en el apartado 2.5.1 de la última versión del Plan Nacional de Reformas, despertó la ira inmediata de Podemos, que desde un primer momento acusó a los socialistas de pretender "engañar" a los trabajadores. Según decía la formación comunista, "el PSOE quiere el despido le salga gratis a las empresas", muestra de que los de Pedro Sánchez pretenden "cuidar a los de arriba y desproteger a los de abajo". La formación morada insistió durante días en que una reforma así sería "aún peor que el despido gratis".
"Reforma laboral"
El PSOE criticó reiteradamente la reforma laboral pero, tras llegar al poder en 2018, optó por dejarla en pie y plantear otro tipo de retoques. Los socialistas hablan ahora de realizar planes contra el fraude laboral, aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, subir el salario mínimo, limitar la subcontratación… Sin embargo, ya no ponen encima de la mesa el repliegue total de la reforma introducida en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy.
Sin embargo, Podemos sigue pidiendo de forma recurrente la derogación de la norma diseñada por Fátima Báñez y, además, propone replegar también los cambios laborales introducidos en 2010 por el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero. De hecho, la formación comunista ha defendido insistentemente que solo su entrada en el gobierno garantiza la marcha atrás de estas normas.
No hay que olvidar que, hasta la aprobación de la reforma laboral de 2012, España destruyó millones de puestos de trabajo. En paralelo, la modificación introducida por el PP favoreció la creación de dos millones de empleos, permitiendo que el paro bajase del 26% al 14%. Nadia Calviño es consciente de que ni las autoridades europeas ni la comunidad empresarial e inversora verían con buenos ojos la derogación de la reforma estrella del "rajoyismo", pero Pablo Iglesias no parece tener mucha preocupación por estas cuestiones y ha insistido tanto en este punto que la tensión parece asegurada.