En el año 2013, el Partido Popular sacó adelante una reforma del sistema de pensiones que buscaba vincular la evolución de dichas prestaciones a la salud financiera de la caja de la Seguridad Social. Hasta entonces, era habitual vincular el aumento de las pensiones a la subida anual del Índice de Precios al Consumo (IPC). Sin embargo, lo cierto es que las pensiones se pagan con cargo a los ingresos de la Seguridad Social, obtenidos vía cotizaciones sociales, de modo que la única forma sostenible de aumentar las prestaciones es asegurar que los ingresos del sistema sean mayores que los gastos.
Durante el mandato del popular Mariano Rajoy, las pensiones subieron un 15,64%, mientras que el IPC aumentó un 6,9%. Sin embargo, en los últimos años de su etapa en Moncloa, la subida anual de las pensiones quedó moderada al 0,25%, puesto que el déficit acumulado en el sistema obligaba a contener el aumento de estas prestaciones para evitar el colapso financiero del modelo.
La congelación de facto del 0,25% empezó a caer en saco roto en 2016, cuando las protestas de la izquierda política y mediática invitaron a los populares a desmarcarse de dicha regla. En 2018, Rajoy tiró la toalla y, ante la dificultad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, acordó con el PNV un repunte de las pensiones ligado al IPC.
Aunque los populares afirmaron que la subida sería "puntual", su cesión dio aire a quienes piden que el sistema de pensiones vuelva a depender de la evolución del Índice de Precios al Consumo. De modo que no puede sorprender que esta propuesta forme parte del acuerdo suscrito esta semana por PSOE y Podemos para lograr la investidura de Pedro Sánchez como Presidente y poner marcha a un gobierno de coalición.
Para ser precisos, la recuperación del IPC como ancla de las pensiones viene recogida en uno de los puntos del acuerdo. Dicho epígrafe, referido a distintas cuestiones, habla explícitamente de impulsar el "blindaje de las pensiones de nuestros mayores" a base de "asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida".
Según las estimaciones de Fedea, una medida así acarrea un desembolso extra de 327.000 millones de euros durante los veinte próximos años. Teniendo en cuenta que el déficit del sistema se acerca a los 18.000 millones, esto supondría añadir otros 16.500 millones al descuadre de la Seguridad Social.
Dicho de otro modo: si Sánchez e Iglesias cumplen su promesa de ligar pensiones a IPC, se producirá un aumento del 48% del saldo negativo que hoy arroja la diferencia entre los ingresos y gastos de la caja de las pensiones. En esencia, esto parece suficiente para asegurar la quiebra definitiva del sistema, puesto que generaría unas tensiones financieras de financiación insalvables.
Habría una alternativa a este escenario: subir las cotizaciones sociales para generar los 16.500 millones de euros de gasto adicional exigido por la recuperación de la indexación al IPC. ¿Qué coste tendría dicho aumento? Teniendo en cuenta que España tiene 19,9 millones de trabajadores ocupados, la subida media sería de 830 euros por asalariado.