La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del expresidente del BBVA Francisco González por los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El Ministerio Público ha dirigido un escrito al juez instructor del conocido como caso Villarejo para que cite a declarar a González en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, según las fuentes consultadas.
Junto a Francisco González, ha pedido la imputación de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman. En los años objeto de las pesquisas fue responsable del BBVA en España y Portugal y responsable de Corporate&Investment, sucesivamente.
Asimismo, Anticorrupción ha pedido que se cite como investigado a quien hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, cuya salida trascendió un día después de que el juez imputase formalmente a la entidad financiera por el caso Villarejo. Como en el caso de González y Asúa, se pide imputación por cohecho y revelación de secretos, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Precisamente, en esta tanda de citaciones Anticorrupción pide que se cite al banco como persona jurídica, después de que se suspendiese la comparecencia inicialmente prevista por razones de agenda del juzgado y quedase pendiente de nuevo señalamiento por motivos relacionados con la defensa, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Junto los mencionados responsables de la entidad, la Fiscalia ha pedido que se cite a personas del entorno de Villarejo ya investigadas en la causa y que participaron en mayor o menor medida en los contratos objeto de las pesquisas, 13 años de encargos por importe superior a los 10 millones de euros y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.