Desde el inicio de la crisis financiera internacional, allá por 2007, España podía optar entre dos grandes opciones para afrontar el terremoto que se avecinaba: o bien decantarse por la senda populista, a imagen y semejanza de Argentina, donde abunda la demagogia y la irresponsabilidad política para ocultar los problemas reales a la sociedad y evitar la adopción de medidas impopulares, aunque necesarias, para solventar su dramático declive; o bien poner en marcha las grandes reformas estructurales que precisa la economía nacional, tal y como sucedió en su día en los países nórdicos o más recientemente en Irlanda y los bálticos, para garantizar una recuperación sólida y sostenible en el tiempo mediante la liberalización de la estructura productiva y la aplicación de drásticos ajustes presupuestarios.
Finalmente, primero el PSOE de Zapatero y después el PP de Rajoy se decantaron por mantener el statu quo con la esperanza de que, tarde o temprano, la tormenta escamparía. Sin embargo, tras un lustro de crecimiento auspiciado por el rescate del BCE y ante un enfriamiento económico cada vez más patente, España vuelve a enfrentarse a la misma disyuntiva, solo que ahora el riesgo de argentinización es más alto que nunca.
La negativa de Pedro Sánchez y el ya defenestrado Albert Rivera a formar un gobierno de coalición tras los comicios del pasado abril ha terminado desembocando en un resultado electoral mucho más endiablado, ya que ahora tan sólo caben tres escenarios: un pacto entre el PSOE y la extrema izquierda de Podemos y Más País, junto a los separatistas; una posible abstención del PP (con condiciones); o repetición electoral.
El hartazgo del electorado hace muy improbable la tercera opción, mientras que el auge de Vox complica hasta el extremo la segunda, con lo que Sánchez volverá a intentar el acuerdo con Iglesias, solo que ahora en serio. Entre o no en el Gobierno, la mera consecución de un pacto programático entre el PSOE y Podemos, con la bendición de Más País, supondrá el desembarco en las instituciones del populismo más abyecto y peligroso que ha conocido hasta ahora la democracia española. Y todo ello sin contar que la abstención o el voto a favor de ERC agravarán aún más la crisis política e institucional que sufre España como consecuencia del golpe separatista.
Si el crecimiento del PIB ya se sitúa lejos de las tasas del 3% registradas hasta 2017, con una previsión del 1,9% este año y del 1,5% el siguiente, según las últimas estimaciones de la Comisión Europea, el recetario que blande la izquierda amenaza con convertir el actual frenazo económico en una nueva recesión a corto y medio plazo. El parón de la actividad se ha hecho más que evidente en los últimos seis meses, debido, en parte, al convulso contexto internacional, con la guerra comercial entre EEUU y China de trasfondo, pero también a la elevada incertidumbre que suscita el actual panorama político, donde la formación de un gobierno estable es casi tarea imposible.
Ahora bien, si desbloquear esta situación pasa por un acuerdo entre PSOE y Podemos, lo que hoy es indecisión y recelo podría mutar con gran facilidad a un estado de pánico por parte de los agentes económicos. No es de extrañar si se tiene en cuenta que, entre otras muchas medidas, los de Sánchez, Iglesias y Errejón proponen:
- Derogar la reforma laboral de 2012, pese a que se han creado más de 2,2 millones de empleos desde su plena entrada en vigor.
- Seguir subiendo el salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta la evolución de la productividad, a pesar de que la tasa de paro todavía ronda el 14%.
- Implantar la semana laboral de 4 días sin recorte de sueldo.
- Prohibir los contratos temporales de menos de un mes.
- Limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
- Elevar el gasto público en sanidad del 6% del PIB al 7,5% en 2023, y del 4% al 5,6% en educación.
- Volver a ligar la revalorización de las pensiones al IPC, sin reparar en que el agujero de la Seguridad Social alcanza los 20.000 millones de euros al año y seguirá empeorando como consecuencia del envejecimiento poblacional.
- Derogar el factor de sostenibilidad.
- Eliminar los topes de cotización.
- Reducir o eliminar los beneficios fiscales de los planes de pensiones.
- Crear una empresa pública de energía.
- Encarecer la luz mediante el fomento de las energías renovables, cuyo porcentaje se dispararía hasta el 74% en 2030.
- Nacionalizar "sectores estratégicos", como el naviero o el metalúrgico, así como "empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo".
- Otorgar una renta básica incondicional de 600 euros al mes para las personas con bajos ingresos.
- Crear un Banco Público de Inversión y "aprovechar" Bankia como banco público.
- Establecer por ley un "precio mínimo" a los productos agropecuarios.
- Limitar el precio de los alquileres.
- Restablecer la renta antigua, de modo que la renovación de alquileres sea automática e indefinida.
- Prohibir los pisos turísticos.
- Expropiar viviendas a "grandes tenedores", ya sean particulares o empresas.
- Disparar los impuestos a las "viviendas vacías".
- Nacionalizar los bienes inmatriculados por la Iglesia.
- Prohibir los desahucios por impago de hipoteca y alquileres o en caso de okupación sin que la Administración garantice antes un realojo.
- Prohibir vuelos peninsulares.
- Subir IRPF y el Impuesto de Sociedades.
- Subir Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.
- Aumentar la fiscalidad del diésel.
- Subir el IVA a "productos de lujo".
- Crear la tasa Google a empresas tecnológicas.
- Crear la tasa Tobin a transacciones financieras.
- Elevar la tributación de las Sicav y las Socimi.
¿Conclusión? Los programas de PSOE, Podemos y Más País se asemejan mucho al "justicialismo" que implantó el militar Perón en Argentina a mediados del pasado siglo, una combinación de rígido intervencionismo económico, nacionalización de empresas, fijación de precios y un sustancial aumento de gasto e impuestos, cuyo resultado ha sido un paulatino, pero constante, declive económico. Prueba de ello es que, hace un siglo, Argentina se situaba entre los diez países más ricos del mundo, mientras que hoy ocupa el puesto 61… Y bajando.