El PP es el único partido que puede garantizar al PSOE una mayoría suficiente para gobernar España durante los cuatro próximos años, pero esta posibilidad parece harto complicada, habida cuenta de la falta de disposición al acuerdo que han mostrado ambas formaciones durante los últimos años.
En clave política, Pablo Casado podría exigir diversos compromisos a Pedro Sánchez en materia territorial, con la mirada puesta en Cataluña, pero también en otros territorios donde los socialistas no están defendiendo la unidad de España como cabría esperar de una formación que se dice constitucionalista. Pero, ¿qué hay de la economía? ¿Es posible una alianza en dicho campo?
En clave laboral, el pacto puede ser más fácil de lo que parece. El PSOE habla de "derogación urgente de los aspectos más lesivos de la reforma laboral", de modo que no plantea su revisión integral. Entonces, el acuerdo pasaría por encontrar puntos de acuerdo: por ejemplo, un plan contra el fraude laboral, similar a los que han impulsado ambos partidos en el pasado. De igual modo, aunque el PP no apoye una nueva subida del salario mínimo, siempre puede defender una rebaja de las cargas fiscales asociadas al mismo (por ejemplo, recortando las cotizaciones de los salarios más bajos). En la práctica, el efecto sería similar, puesto que el coste laboral sería el mismo pero el salario neto se incrementaría.
Hay más obstáculos en el ámbito de los impuestos. Los populares defendían una "revolución fiscal" que incluía rebajas de IRPF, Sociedades, Sucesiones y Patrimonio. Los socialistas planteaban dejar estos gravámenes en pie y crear otros nuevos: Tasa Google, recargo al diésel, Tasa Tobin, etc. ¿Cómo se salva esa enorme diferencia? El punto medio implicaría que los azules renuncien a su "revolución fiscal" y los rojos se comprometan a no aplicar su "explosión fiscal".
Pero entonces, ¿qué pasaría en materia de déficit? Aquí la clave está en contener el aumento del gasto, que está creciendo a tasas insostenibles. En 2018, el repunte fue de 21.000 millones de euros y en el primer semestre de 2019 se observó un patrón similar. Sin embargo, aunque los ingresos fiscales se han debilitado, lo cierto es que aún suben al 3,5%. Por otro lado, tanto el PP como el PSOE han reconocido la autoridad de la AIREF en este campo, de modo que los programas de revisión del gasto y de las deducciones fiscales que realiza dicho organismo pueden sentar las bases para lograr mejoras que favorezcan la consolidación presupuestaria.
Por último, las pensiones serían otra patata caliente que ambos partidos deberían abordar. El PSOE defiende abiertamente su ligazón al IPC, mientras que el PP pide moderar dichas subidas siguiendo algún tipo de indicador de sostenibilidad. No hay, pues, un discurso comprometido con la realidad de la Seguridad Social, puesto que el sistema requiere de ajustes mucho más severos. De modo que este sería el punto más complicado de cerrar de manera solvente y, probablemente, un eventual pacto pasaría por exigir al Pacto de Toledo una reforma consensuada (es decir, patada adelante...).
Obviamente, hay muchos temas que se quedarían en el tintero y, como es lógico, un pacto de mínimos como el anterior dejaría un sabor amargo a ambos socios. Por otro lado, nada nos dice que esta negociación vaya a tener lugar, puesto que la distancia entre las dos formaciones políticas es enorme, sobre todo a raíz de la moción de censura de 2018.
Sin embargo, en el caso de que las dos partes buscasen un acuerdo para evitar unas terceras elecciones o una legislatura dominada por el poder independentista, estos cuatro puntos pueden servir para garantizar dos años de calma institucional y mandar un mensaje razonablemente tranquilizador en clave económica.